Es de cumplimiento obligatorio. Yasunidos, colectivo que impulsó la consulta popular del Yasuní por más de diez años, respondió a la postura del gobierno de, por el momento, no acatar la victoria del 'Sí' en el plebiscito.

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Con el 98.52% de actas válidas escrutadas de la consulta popular del Yasuní, el 'Sí' obtuvo el 58.96% de la votación, superando por casi 18% a la opción del 'No'. Esto implica "mantener el crudo del ITT indefinidamente bajo el subsuelo", según la pregunta.

Los efectos de la consulta popular, según recuerda el colectivo en su pronunciamiento, son de inmediato cumplimiento desde la proclamación oficial de resultados; tal como señala el dictamen de la Corte Constitucional que dio luz verde al plebiscito.

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Sin embargo, ante las declaraciones del ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, sobre por el momento no acatar los resultados de la consulta popular, el colectivo adelanta que solicitará a la Corte Constitucional el seguimiento del dictamen, en caso de que el gobierno de Guillermo Lasso persista en continuar con la operación en el bloque 43.

"Solicitaremos inmediatamente a la Corte Constitucional que haga cumplir su dictamen y que destituya a los funcionarios que pretendan poner en riesgo el orden constitucional", destaca el pronunciamiento del colectivo Yasunidos.

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Asimismo, el colectivo hace un llamado a la ciudadanía, en especial la que se decantó por el 'Sí' en la consulta popular, a que defienda su voto; aunque se no adelantó si se convocará a algún tipo de acción de hecho para exigir el respeto del plebiscito.

La Corte Constitucional ya marcó un precedente similar. A inicios de 2023, los magistrados constitucionales resolvieron la destitución de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), entonces presidido por Hernán Ulloa, por “deliberado” incumplimiento de una sentencia constitucional.

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En dicho caso, los consejeros de Participación Ciudadana fueron destituidos por no haber llevado adelante la medida de selección y designación del vocal de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia para que presida el Consejo de la Judicatura.

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