- La exministra de Ambiente y asambleísta Marcela Aguiñaga dice que Finanzas certificó que ese dinero volvió a las cuentas fiscales. ¿Es así?

- Lo que dijo Finanzas, en octubre, es que nos han hecho la compensación. Eso tiene que tener un sustento legal e informarnos las cuentas a las que se afecta. Hemos preguntado a qué cuentas afecta porque los seguros del Issfa son autónomos. Tenemos que saber a qué seguro afectan esos 41 millones. Finanzas no ha respondido.

- ¿Pero el Issfa está dispuesto a devolver ese dinero?

- Cuando un juez competente disponga los descuentos de esos recursos, seguiremos las acciones legales por abuso de facultad. No hay que olvidar que la Constitución dispone que las reservas y el patrimonio de la seguridad social son intocables. No son recursos del Estado. No sé qué autoridad del Estado va a decir que se haga el descuento porque inmediatamente tomaremos acciones legales.

- ¿Contra Finanzas?

- No puede haber abuso de autoridad. Hay un contrato firmado. Se declaró de utilidad pública a los terrenos y luego se negoció. Nadie presionó a la exministra del Ambiente para que pague 48 millones de dólares. En 2010, ella misma pidió el informe a la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros. Ella presentó un oficio al Consejo Directivo del Issfa con la propuesta de compraventa. ¿Dónde está el error?

- ¿Hay alguna posibilidad legal de solucionarlo con Finanzas?

- El informe de responsabilidades que hace la Contraloría no le indica al Issfa ninguna afectación. Están los nombres y apellidos de las personas glosadas. Punto aparte es José Noritz, exdirector del Issfa, porque él no tiene ninguna culpa. Si la Contraloría estableció esas responsabilidades, está claro que el Issfa no tiene ninguna en este contrato.

- ¿Los glosados deben responder?

- Ni el Issfa ni el Ministerio del Ambiente han sido señalados. El Issfa cumple con la norma y la ley. No hemos afectado ni un solo centavo de los recursos del Estado, sino lo que nos corresponde por ley. Eso lo vamos a defender, así lo hizo el año pasado la cúpula de Fuerzas Armadas que, incluso, fue defenestrada.

- ¿Podrían negociar con el Gobierno?

- ¿Por qué vamos a negociar si no hemos hecho nada? ¿Por qué vamos a modificar el contrato si fue firmado voluntariamente? Si el Ministerio del Ambiente se sentía afectado debía ir a una mediación o a los jueces.

- ¿Y eso no ha pasado?

- Cinco años más tarde se dan cuenta de que nos han pagado de más.