Volver a los uniformados

como siempre es bueno recordar la historia para no andar repitiendo lo malo, o sea darse contra la misma piedra, pero sí aprovechando lo rescatable, evocamos a ‘La Gloriosa’, la Revolución del 28 de Mayo de 1944, que unió a curuchupas con “rojos”. En uso de esa memoria recordamos que el cuerpo de carabineros, al que se acusaba de poner en práctica los abusos represivos del arroyismo (tan desprestigiado por culpa del írrito Protocolo de Río) con la típica frase de “tiene razón pero va preso”, fue eliminado en forma definitiva y en su lugar se creó otro cuerpo policial al que se denominó Guardia Civil, nominación que se usó durante bastante tiempo hasta que finalmente el vulgo los llamó “chapitas”, o como se los llama en todas partes del mundo, esto es simplemente policías, y punto.

Pero lo de guardia civil salió nuevamente a flote con uno de los últimos proyectos de ley que el ya desaparecido Rafico envió, entre varios, con el carácter de urgente a la Asamblea, en donde “la aplanadora” tenía que aprobarlo sin cambio alguno (los debates sirven solo como mero asunto de trámite). Y así, mediante la nueva ley, a pesar del veto parcial de Lenín, fue creado un cuerpo de civiles armados que se encargará de proteger a los exmandatarios y también a altos exfuncionarios a los que algunos se “las podían tener jurada”.

Resultaba esta creación un hecho sin precedente, toda vez que ningún mandatario al terminar su período (cumplidos los 4 años o derribado por una subversión que imponía un gobierno de facto) no tuvo protección alguna. Velasco Ibarra viajó 5 veces a Buenos Aires a vivir en un departamento como cualquier hijo de vecino. Clemente Yerovi se reintegró a sus actividades empresariales, Rodrigo Borja tomó el atajo de la investigación política y Alfredo Palacio volvió a operar corazones. Todos ellos en absoluta soledad ciudadana.

Aprovechando la ley que él mismo creara, Rafico volvió a Bruselas acompañado de su familia, junto a ocho guardias no uniformados, cada uno con una entrada de 7 mil dólares mensuales (entre el sueldo y los viáticos). Es decir, una cantidad mayor a la que recibe el propio “protegido”.