El tribunal de la Corte Nacional de Justicia que juzgó a 11 sospechosos de posible delincuencia organizada por alrededor de 50 días en ocho meses convocó a las partes procesales a la reinstalación de la audiencia en la que se anunciará la sentencia del caso. Entre otros procesados están el excontralor Pablo Celi de La Torre y su hermano Esteban.

Ellos, según la Fiscalía, formaron parte de una estructura delincuencial dedicada al cobro de coimas a contratistas de Petroecuador como NoLimit a cambio del desvanecimiento de glosas y la liberación del pago de planillas de pago.

Hace más de dos meses, el miércoles 7 de diciembre de 2022, la Fiscalía pidió al tribunal de la Corte Nacional de Justicia que condene a 13 años y cuatro meses de cárcel al excontralor Pablo Celi y al exgerente de Petroecuador Pablo Flores como autores de delincuencia organizada en el caso Las Torres.

La solicitud se dio durante la exposición de los alegatos de cierre que hizo la fiscal Diana Salazar durante el día 44 del juicio que inició en abril pasado ante el tribunal presidido por Wálter Macías. El pedido es que se imponga el máximo de la pena en su modalidad agravada como autores para ambos sospechosos. 

Dijo que mediante las pruebas se comprobó su calidad de funcionarios públicos al momento del posible cometimiento del delito. Para Luis Agusto, Esteban Celi, Álvaro de Guzmán, Andrés Luque, Silvia López y Angelo Rodríguez pidió siete años por cometer acciones como colaboradores del delito. Mientras que para Daniel Orellana y Natalia Cárdenas sugirió que con el agravante la pena sea de nueve años y cuatro meses.

En junio de 2019, José Raúl de la Torre y Roberto Barrera fueron detenidos por autoridades de Estados Unidos, por delitos relacionados con lavado de activos. Con la información contenida en la asistencia penal internacional la Fiscalía avanzó en el caso en el que se evidenció que funcionarios públicos y personas particulares habrían conformado una estructura organizada, cuya finalidad era cometer varios delitos contra la seguridad pública y la eficiencia de la administración pública.

Defensores como Marcelo Ron quien patrocina a Celi espera un sobreseimiento porque afirma que no existen pruebas del supuesto delito en contra de su cliente.