La noche del jueves 8 de diciembre se suspendió la audiencia de juzgamiento de 11 sospechosos de posible delincuencia organizada en el caso Las Torres.

Ese día los jueces escucharon los últimos alegatos de los procesados que fueron juzgados desde el mes de abril como sospechosos de integrar una supuesta estructura delincuencial dedicada al cobro de coimas a contratistas de Petroecuador como NoLimit a cambio del desvanecimiento de glosas y la liberación del pago de planillas de pago.

Los jueces entraron a deliberar la sentencia tras más de 45 días de juicio. Anunciaron que oportunamente convocarán a la reinstalación del juicio.

En la semana que termina las partes presentaron sus alegatos finales. La fiscal Diana Salazar dijo que con las pruebas que presentó en el juicio ha demostrado la culpabilidad de los procesados. Eso le llevó a solicitar la pena máxima para el excontralor Pablo Celi y para el exgerente de Petroecuador Pablo Flores. Eso es 13 años y cuatro meses (160 meses).

Marcelo Ron, defensor de Celi, insistió en la inocencia de su cliente. Afirmó que en los chats mencionados por la Fiscalía no aparece su cliente.

Señaló que en sus alegatos de cierre se demostró el montaje realizado por Fiscalía, el abuso del derecho y haber acusado por un tipo penal que no ha podido probar a lo largo de la audiencia.

Recalcó que se justificó que el contrato entre NoLimit y Petroecuador que da origen a la factura de los 20 millones de dólares no tiene ni ha tenido glosas, “con lo cual se desbarata la teoría de Fiscalía, cuánto más que de acuerdo al testimonio de más de 10 testigos se demostró que la existencia de glosas no impide el pago de las facturas”.