Via libre al puerto de Posorja y a nuevo canal

En dos días el Gobierno ha dado pasos gigantes para hacer posible la construcción y operación del puerto de aguas profundas de Posorja.

El 23 de mayo la Autoridad Portuaria de Guayaquil declaró la viabilidad del proyecto para la construcción, operación y mantenimiento, con transferencia de propiedad de todas las instalaciones a favor de la entidad portuaria al finalizar el contrato. Incluyó dragado y construcción de un nuevo canal de acceso marítimo desde la boya marina hasta Posorja, así como de una carretera que una la ciudad de Playas con Posorja, vía El Morro.

Y dos días después el presidente de la República, Rafael Correa, emite el decreto a través del cual autoriza, de manera excepcional, el desarrollo, construcción y mantenimiento de instalaciones, la operación del servicio público del Puerto de Aguas Profundas de Posorja, que le había pedido el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Y también la construcción de nuevo canal de ingreso y la carretera.

Lo que no se conoce aún son las condiciones de DP World, quien, tal como lo había publicado Diario EXPRESO el 11 de abril, quería entre otras cosas: no permitir dragar más allá de 9,60 metros el canal interno -que lleva a los puertos del sur de la ciudad- y el uso exclusivo de su nuevo canal de ingreso cerrando el actual; tarifas mayores a su competidor Contecon; exenciones tributarias; no desarrollar nuestras infraestructuras en 200 metros a la redonda, etc.

El MTOP dijo esos días a Diario EXPRESO que el contrato se seguía negociando y que no había aceptado varios puntos del pedido de DP World.

A la par, el régimen está por finiquitar las condiciones con la firma turca Yilport, que será la encargada de administrar y repotenciar Puerto Bolívar.

Sin embargo, según la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar ya existe un acuerdo.

DP World Ecuador no consta como registrada en la Superintendencia de Compañías, DP World Investment en cambio es accionista mayoritaria de Alinport (Alianza Internacional Portuaria), dueña de los terrenos donde se construirá el puerto e inicialmente con permiso de operación, y que ahora tiene otros cuatro socios que son compañías domiciliadas en Panamá, considerado por el Servicio de Rentas Internas como un paraíso fiscal (resolución del 28 enero de 2015).