Veto parcial a la Ley de Paraisos Fiscales
Los asambleístas opositores creen que esa normativa no combate la corrupción, como la que está investigando la Fiscalía y que alcanza a altos funcionarios del anterior y del actual Gobierno.
La decisión del Ejecutivo, de vetar la Ley de Paraísos Fiscales, no gusta a todos en la Asamblea. Los asambleístas opositores creen que esa normativa no combate la corrupción, como la que está investigando la Fiscalía y que alcanza a altos funcionarios del anterior y del actual Gobierno.
El coordinador del bloque de CREO, Roberto Gómez, dijo a este Diario que “la ley es inaplicable e inconstitucional”. Para pagarle al tío del vicepresidente se utilizaba un edificio y departamento en Quito. Hay que investigar el origen del dinero, no su destino”, explicó.
Ayer, el presidente de la República, Lenín Moreno, envió siete observaciones a esa ley, aprobada el pasado 6 de julio por el Plenario Legislativo.
Esa normativa, que fue el resultado de la consulta popular del 19 de febrero, prohíbe a los funcionarios y candidatos de elección popular tener bienes inmuebles y recursos en paraísos fiscales.
El proyecto votado establecía excepciones para funcionarios del servicio exterior, becarios que fuesen servidores públicos, y candidatos a asambleístas por las circunscripciones en el exterior.
Pero la primera objeción presidencial aclara que cualquier persona aspirante a un cargo de representación popular debe escoger entre postularse o mantener sus bienes y capitales en esos paraísos fiscales.
El Ejecutivo propone que esas disposiciones no serán aplicables solamente a los funcionarios del servicio exterior, que tengan una misión en esos paraísos fiscales.
Esto significa que los becarios o estudiantes, que son servidores públicos en el exterior, no podrán estudiar en paraísos fiscales.
A criterio del presidente, si no quieren perder su condición de funcionarios deben estudiar en otras naciones porque la “oferta académica mundial es absolutamente amplia”.
La segunda objeción de Moreno es el artículo sobre la sanción. El proyecto aprobado dice que la pena es la destitución o pérdida del cargo de la persona que ostente una dignidad de elección popular o ejerza un cargo de servidor público.
Pero, según Moreno, esa sanción no hace distinción entre los servidores públicos. Por eso, aclara quiénes están en ese rango y señala el camino para destituir a una persona por incumplir la ley en 10 días. Si la autoridad nominadora incumple con ese plazo, lo hará la Contraloría, dice el texto presidencial.
Otra observación del veto es a los plazos para esas sanciones. En tres días se notificará el inicio de ese examen, y en 60 días el funcionario ejercerá su derecho a la defensa.
El proyecto aprobado, dice en una disposición reformatoria, que se requiere presentar una declaración juramentada para inscribir una candidatura. Sin embargo, no indica ante qué autoridad debe presentarse. Por eso, el veto señala que debe hacerse ante un notario público.
El primer mandatario también objeta otra disposición reformatoria que armoniza varias disposiciones de la Ley del Servicio Público con la Ley de Paraísos Fiscales.
Para Wilma Andrade, de Izquierda Democrática, esa aclaración presidencial es pertinente y precisa el sentido de la ley aprobada. “Clarifica el texto, lo mejora y procede”, subrayó.
Sin embargo, Lourdes Cuesta, de CREO e integrante de la Comisión de Justicia que analizó la ley, opinó que el veto presidencial es de forma y no de contenido. “El presidente Moreno señala que no debe haber excepciones. Pero no dice nada sobre la inconstitucionalidad de la ley. Tampoco hay nada medular”, dice.
Jorge Glas lleva su queja al seno de Alianza PAIS
No estaba en sus cálculos. Aunque las acusaciones por supuestos actos de corrupción al vicepresidente Jorge Glas le aquejan desde hace varios meses, él dice que nunca imaginó que la situación llegaría a los niveles actuales.
“Se ha desatado una persecución en mi contra como jamás la esperé”, aseguró ayer el segundo mandatario, tras acudir a una cita con la dirigencia del movimiento Alianza PAIS en la sede de Quito.
La asambleísta Doris Soliz dijo que “las directivas nacionales haremos un llamado a la total coherencia con los principios de izquierda del movimiento, a que se respete el plan de Gobierno con el que triunfó Alianza PAIS y se gobierne con la izquierda”, dijo.
Glas fue convocado por los directores nacionales y provinciales del oficialismo para que dé su versión sobre las acusaciones de corrupción y su situación actual dentro del Ejecutivo, luego de que el presidente Lenín Moreno le retirara las funciones que le encomendó al inicio.
“He explicado las cifras económicas, por ejemplo, sobre el campo Singue que es una barbaridad lo que dicen, por cualquier costado. Eso tenía que explicar a mis compañeros”, señaló el vicepresidente.
Desde el jueves pasado, la Fiscalía abrió a Glas y otras personas una indagación previa, tras recibir un informe de la Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal en el proceso de contratación del Consorcio DGC para la explotación petrolera en el campo Singue (en Sucumbíos).
Más tarde, PAIS subió un comunicado en Twitter en el que señalaba que se declara en sesión permanente “hasta conocer el pronunciamiento y decisiones contundentes por parte del presidente del Movimiento sobre los hechos políticos que preocupan a la militancia”.
Con ese objetivo, dice el comunicado, se delegó a la asambleísta Gabriela Rivadeneira y a Ricardo Patiño para que transmitan al presidente Moreno las preocupaciones expuestas.
