El director en Guayas y coordinador nacional del movimiento Unidad Popular, Alonso López, presentó una denuncia sobre los supuestos excesos de los elementos de la Policía Nacional durante las protestas que duraron 12 días y que culminaron ayer con un acuerdo entre el Gobierno y el movimiento indígena. La denuncia se basa en el artículo 293 del Código Integral Penal que castiga la extralimitación en la ejecución de un servicio público con prisión, “según las reglas de lesiones, con el incremento de un tercio de la pena”. Y con prisión de 10 a 13 años en el caso de muerte.

López recordó que en el fallo de la Corte Constitucional sobre el estado de excepción estableció que no se debía afectar el derecho a la protesta pacífica y el uso de la fuerza sea de manera necesaria, proporcional y progresiva. “Además, el fallo advierte a los servidores públicos que el artículo 166 de la Constitución dispone que son responsables por cualquier abuso que cometan en el ejercicio de sus facultados durante la vigencia del estado de excepción”. En Guayaquil, según el dirigente, registraron graves hechos de violencia contra manifestantes, ciudadanos de a pie, periodistas y otros.

Los denunciantes piden a la Fiscalía que identifique al equipo policial que durante los días de las protestas en Guayaquil aparecen en los reportes. Y que los informes de la Defensoría del Pueblo sobre las protestas deben acompañar la investigación, además que dicha institución participe como parte procesal. “Iniciada la indagación previa vamos a pedir todos los videos y testimonios necesarios”.

Los denunciantes considera que los vandálicos, los que cometieron delitos contra el Estado, deben ser procesados también, así como los funcionarios públicos que cometieron excesos. “Para eso no puede haber impunidad. Una cosa es la protesta y la otra es un trato degradante. En Ecuador debe existir sanción”.