La UNE no baja los brazos y declara pelea

Parece que no llegarán a las Bodas de Brillantes. La Unión Nacional de Educadores (UNE) cumplió 72 años de creación casi al mismo tiempo que el Gobierno emitió la orden de disolución.

Es la tercera vez que enfrentan esta situación y, según sus representantes, no será la última. En las dos primeras se impuso a la pretensión del Estado, temporalmente. Ahora creen que será igual.

“No es la primera vez que nos han querido desaparecer. La UNE fue creada por el magisterio y no por ningún decreto”, repitió su presidenta, Rosana Palacios.

Junto a dirigentes sindicales, indígenas y otros simpatizantes rechazaron la resolución del subsecretario de Educación, Alberto Yánez, que dispuso la disolución de la organización y el inicio de un proceso de liquidación que deberá cumplirse en 90 días.

En rueda de prensa, con carteles y bocas cubiertas con letreros, Palacios dijo que la postura del Ministerio de Educación se justifica en que la UNE “inobservó las disposiciones establecidas en su Estatuto y en el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas”. Algo con lo que no está de acuerdo.

No es el primer desacuerdo. Históricamente la Unión se ha opuesto al gobierno de turno. Con el actual hubo un corto período de amistad.

La respuesta del gremio es la misma que tiene cuando algo no está dentro de su línea: la protesta en las calles. Así se opuso a los mandatos de Jamil Mahuad, Abdalá Bucaram o Lucio Gutiérrez, por mencionar algunos ejemplos.

Esta vez se unirán a la marcha convocada por el Colectivo Unitario Nacional de Trabajadores, Indígenas y Organizaciones Sociales para el jueves 25 de agosto.

El presidente Rafael Correa criticó esa respuesta. En Esmeraldas respaldó la resolución de la Subsecretaría. “Todos sabemos que es una sucursal del MPD. Se les exigió que cumplan con la normativa y no lo han podido hacer, porque nunca la cumplieron”, acotó.

Palacios anunció, además, que apelarán la decisión y que ya presentaron un pedido de medidas cautelares ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.