Un tumbo más. Si algo es seguro es que los intentos para dragar el río Guayas han quedado en eso, intentos. Obstáculos contractuales, legales y ahora se avecina uno político que puede convertirse en una traba más y sumarse a la larga lista de propósitos por eliminar el sedimento del afluente que baña a Guayaquil y otros cantones de la provincia del Guayas, y a su vez los perjudica en época invernal.

Son 51 años de tierra acumulada bajo el agua. Un intento más de removerla iniciará ahora en el mes de julio, de acuerdo a lo anunciado por el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, quien afronta un pedido de remoción del cargo impulsado por el bloque de alcaldes del Partido Social Cristiano, organización política que auspició su candidatura. Voces consultadas por este Diario consideran que la investigación fiscal en contra de Morales y otros por presunto peculado en la compra de insumos médicos y pruebas rápidas para diagnosticar coronavirus con sobreprecio puede extender un velo de duda sobre una nueva licitación.

Héctor Yépez es asambleísta en representación de la provincia del Guayas y fundó el colectivo ‘Manso Guayas’ para prevenir inundaciones en la cuenca del mencionado afluente. Considera que la convocatoria a un nuevo concurso, ante la actual situación que afronta la Prefectura del Guayas, puede teñirse de desconfianza entre los propios miembros del Consejo Provincial y la ciudadanía. 

Una similar apreciación tiene el delegado del Municipio de Guayaquil ante el Consejo Provincial, Luis Almeida, quien considera que cualquier decisión entorno a esta obra tan esperada por la provincia puede no solo cubrirla con un manto de dudas, sino también perjudicarla. “Cualquier vicio o estela de corrupción puede provocar que compañías no vengan a invertir. Eso hay que hacerlo con mucha transparencia... Si se convoca en este momento no va a participar nadie porque no hay una autoridad moral para adjudicar dicha contratación”, acota el también concejal de Guayaquil.

Este Diario solicitó una reacción del prefecto Carlos Luis Morales, a través del Departamento de Relaciones Públicas para acompañar esta publicación y se comprometió a emitir un comentario mañana.

Una de las trabas en el camino del dragado fue la terminación unilateral del contrato entre la Prefectura del Guayas y el Servicio de Dragas de la Armada Nacional, adjudicado durante la administración de Jimmy Jairala y terminado como una de las primeras decisiones de Morales al asumir el cargo.

La actual administración, una vez finalizado el contrato por mutuo acuerdo luego de un impasse legal, elevó a concurso y adjudicó un contrato para la actualización de los estudios de ingeniería que serán la base del próximo dragado y que aún no están listos. “Aún no conocemos el contenido de la actualización del estudio”, acotó Almeida, quien cree que debe avanzar el proceso de remoción y llegar a un desenlace para iniciar una nueva licitación para el dragado del río.

Sin embargo, ni el inicio del proceso de remoción, ni siquiera una eventual votación favorable por la remoción despoja a Morales de sus atribuciones y facultades previstas en la ley, explica el catedrático universitario en Ordenamiento Territorial, Andrés Ortiz. “El hecho de ser removido, aún cuando lo fuera por las dos terceras partes del Consejo, no pierde su calidad de prefecto. No pierde sus atribuciones. Y solo dejará el cargo cuando el Tribunal Contencioso Electoral decida ratificar la decisión del Consejo Provincial. Puede no hacerlo, en ese caso queda sin efecto la remoción”. Esto quiere decir que Morales está en la facultad de convocar a licitación al nuevo concurso, siempre que no sea removido antes de hacerlo.

Los estudios de ingeniería aún no concluyen

La actual administración del Gobierno del Guayas inició, a finales de 2019, el proceso de adjudicación de un contrato de consultoría para actualizar los estudios de ingeniería para la estabilización del islote El Palmar o su eliminación y dragado de profundización. El mismo fue adjudicado, el 4 de febrero pasado, a la empresa JYM Consultoría y Servicios por un valor de 145.577,69 dólares. Han pasado cuatro meses y los estudios aún no están concluidos.

Este Diario solicitó a la Prefectura del Guayas una copia de dichos documentos, pero nos informaron que los mismos estarán terminados a final de este mes, “por lo que no podemos remitirle la documentación solicitada por el momento”. Sin embargo, la institución se comprometió a facilitar una copia digital de los estudios para el mes de julio, una vez que estos se hayan entregado, revisado y aprobado por el contratante.

La Empresa Pública de Dragados del Guayas, Draguayas EP, creada en esta administración para gestionar el dragado de todos los afluentes de la provincia, elevó a licitación el pasado mes de mayo el proyecto de regulación ambiental del dragado del islote El Palmar. El contrato fue adjudicado a la empresa Asesores en Ingeniería y Ambiente S.A. por $ 69.800 sin IVA.