La Comisión de Fiscalización empezó las deliberaciones para la redacción del borrador de informe del primero de tres procesos de juicio político en contra del Consejo de Participación Ciudadana.

Los tribunales son un camino para intentar ser ‘asambleista’

Siete medidas cautelares para frenar el juicio político al Consejo de Participación y el debate del Código de Salud.

No fueron electos, pero intentan ejercer poder. Encontraron en los tribunales de justicia un camino para hacer, a través de una sentencia, lo que solo pueden los asambleístas con su voto. En lo que va del actual periodo de César Litardo en la Presidencia de la Asamblea, siete ciudadanos, de acuerdo al registro de la Función Judicial, han solicitado medidas cautelares en contra del Legislativo, su titular y otros para detener el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) o el debate del Código Orgánico de Salud.

Zobeida Aragundi, exvocal del Consejo de la Judicatura de transición, considera esto un exceso y abuso del derecho. ¿Por qué? Porque, más allá de lo que podría calificarse como la intromisión de un Poder del Estado sobre otro, se utiliza al sistema judicial para frenar un proceso legislativo cuya conclusión aún no se conoce. “Si una ley, una vez aprobada, viola garantías y derechos fundamentales, ahí está la acción legal”.

Ayer, la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Johanna Cedeño, informó que José Carlos Tuárez, presidente del CPCCS, interpuso una nueva acción legal para intentar detener el juicio político. Este último, a través de su cuenta de Twitter, aclaró que no es él, sino ciudadanos que respaldan al organismo.

En la misma línea de Aragundi, el jurista guayaquileño, Francisco Jiménez, considera que es un abuso de la justicia. Si hay un abuso, existe un abusador, ¿sobre quién debe caer esa carga? “En los jueces. El rol del Consejo de la Judicatura es muy importante para impartir las directrices y que los jueces se apeguen al texto de la ley”. Aragundi cree que también debe caer un poco de peso sobre el usuario. “Se está utilizando el sistema judicial para resolver sobre derechos que no están siendo afectados cuando del otro lado hay una carga procesal gigantesca en delitos graves”.

Litardo espera que la justicia siga pronunciándose en el mismo sentido de medidas cautelares anteriores: negarlas. “Lamentamos que se quiera usar estos artificios jurídicos para frenar una justa acción en torno a su proceso de fiscalización. Nadie puede detener una acción sobre otro poder que está cumpliendo su rol a cabalidad. Estas acciones buscan algún tipo de intromisión y que se interrumpa el proceso”.