El trasvase Dauvin resulto ser una bomba de tiempo

En 2015 el expresidente Rafael Correa inauguraba el Trasvase Daule-Vinces (Dauvín) y lo calificaba con términos omnipotentes, ficticios: “Es tal vez el mejor proyecto, en su tipo, de toda América Latina”. Gruesas palabras que el invierno presente descalifica y los agricultores maldicen.

Hace una semana y tres días la fuerza del río Vinces rompió un muro y desbordó otros para meterse a los canales artificiales creados por Odebrecht a un costo de 352 millones de dólares y con una denuncia a cuestas, un supuesto pago de coimas por 6 millones de dólares.

Han pasado cuatro años y Dauvín no ha servido para regar una sola de las 170.000 hectáreas que se publicitaron durante el Gobierno anterior; lo contrario, ha llevado el agua a donde no la necesitaban y ha inundado vastas zonas que han dejado a los agricultores en la ruina: Santa Marta, La Reforma, Guabales, Membrillo, Morocho, Lechugal, El Recreo, Poza Seca. Sus aguas turbias han llegado hasta el río Macul.

En Santa Marta, el Trasvase Daule Vinces ha llevado pobreza y destrucción a las bananeras y a recintos donde cada año sin problemas se cultivaba arroz o maíz. Solo allí son unas 300 hectáreas inundadas, entre las que se cuentan 40 de Ronald Bajaña, 27 de Abel Aspiazu y 23 de Teodoro Deli. Bananeros que tuvieron que despedir a sus empleados porque todo el banano se echó a perder. Se echaron a perder las fundas, el cartón, las plantas. Se echó a perder el trabajo y la esperanza de cientos de agricultores que no tienen para la comida, la ropa, la medicina.

Se echó a perder el bienestar de Isidro Medina, Mauro, Sucre y Leonardo Morán, que llevan ya una semana sin recibir salario y que tampoco tienen dónde trabajar, porque en Santa Marta solo hay agua y niños pequeños aislados que sufren.

Los agricultores piden tapar temporalmente el boquete que abrió el Vinces en los canales de Dauvín, canales que ya no tenían 6 si no 12 metros de profundidad el viernes pasado, cuando Diario EXPRESO visitó la zona afectada. A esos canales artificiales ya no solo entra agua por el sifón, sino por encima de los muros, que resultaron pequeños para contener el inmenso caudal de agua.

“Ni en fenómenos de El Niño se ha visto esto. No nos toman en cuenta en esta zona. Estamos a pique”, insiste Isidro Medina, a quien el agua se llevó gallinas y pollos.

Las aguas que llegaron por Dauvín hacen que un promedio de 50 a 60 cajas semanales por hectárea ya no se produzcan en la hacienda de Teodoro Deli, porque allí cada año salen de 3.000 a 3.200 cajas por hectárea. Él tendrá que esperar dos años para volver a producir como antes, si es que encuentra quien le preste los 10.000 dólares que necesitará para volver a sembrar.

Teodoro fue al BanEcuador, donde tiene un crédito. Le dan un año de gracia para no pagar intereses, pero después de ese tiempo deberá cancelar el capital y casi el 9 % de interés, pese a que es el Estado el negligente, al construir una obra que ha perjudicado a Los Ríos.

“Es justo que todos los afectados recibamos una indemnización, por eso estudiamos una demanda contra el Estado; el problema nos causará dos años de lucro cesante, sin contar lo que se nos ha perdido”, señala Francisco Sánchez, que perdió 20 hectáreas.

La obra tuvo fallas desde su concepción, dicen los agricultores, fallas que aún el Gobierno no empieza a corregir.

Las autoridades “no ayudan a solucionar los problemas”

Los municipios y prefecturas son como el “Perro del Hortelano”, que ni come ni deja comer. Lo dicen agricultores de Matilde Esther que quieren encauzar los ríos y protegerse de las inundaciones.

Ernesto Ramos señala que mientras las prefecturas nada hacen, los alcaldes, como el de Bucay y Simón Bolívar (Guayas) tampoco dejan que los equipos de dueños de fincas y la comunidad limpien ríos como San Antonio y lleven las piedras que sacan de este para construir muros de contención.

“El río San Antonio, cuando se desborda arriba deja afectaciones grandes, porque sube 3 metros. Hace tres semanas se llevaron 4 puentes (Los Altos de Bucay). El daño es grande porque somos 3.500 habitantes”.

El afluente en la parte alta pertenece a la provincia de Bolívar. “Dos veces le hemos pedido a la Prefectura el dragado del río, pero no lo hace, hemos tenido que usar maquinaria, con apoyo de ganaderos y productores, para sacar las piedras que sirven para hacer otras obras, señala Ramos. El problema no es solo este afluente, sino otros de la provincia del Guayas, cuya sedimentación provoca desbordamientos.

Estas piedras han servido para hacer muros de protección en el río Amarillo (Simón Bolívar), en la zona de Los Amarillos, donde los desbordamientos causan desastres, al inundar extensas zonas de cacao, frutas y otros. Los hacendados de allí sugieren al Gobierno liberar los aranceles a la maquinaria pesada, para poder adquirirlas a menor precio y con ellas limpiar los afluentes o protegerlos.