A su hijo no se lo devolverá nadie. Por eso Mario Salas, a pesar de que no se recupera por la muerte de Jorge Luis, quiere recoger firmas para que en su barrio no vuelvan a abrir una sola clínica de rehabilitación clandestina.

El joven, quien tenía 21 años y era consumidor, fue uno de los 10 internos que fallecieron el pasado sábado, en un incendio que se dio en uno de estos centros, ubicado en el Guasmo Sur de la ciudad.

Un nuevo incendio vuelve a destapar el problema de la irregularidad y escasez de centros, que tengan permisos de funcionamiento en regla, para personas con problemas de adicción a la droga en Guayaquil. “Por eso uno busca estos lugares, por la desesperación”, relata el padre durante la velación de su hijo, ayer.

Según Santiago Peña, coordinador de Gestión de Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en la ciudad solo un centro cumple con las medidas de seguridad contra incendios. La clínica donde murió la decena de pacientes no tenía permisos.

En enero pasado, un hecho similar cobró la vida de 18 jóvenes, en el suburbio porteño.

“Como promedio, estamos hablando de 40 fallecidos por año, en clínicas de rehabilitación clandestinas (entre incendios, suicidios, asesinatos, etc.). Ya cuando hay muchas muertes, hay que preguntarse qué es lo que está pasando”, menciona Cinthia Intriago, presidenta de la Asociación de Centros Especializados en el Tratamiento de Alcohol y Drogas (Acetade).

Esta organización se fundó a raíz de la disposición del en ese entonces gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, de que todas las clínicas clandestinas tenían que licenciarse. Eso fue en enero, y tenían 90 días para hacerlo.

Han pasado 10 meses, y según Intriago, solo dos clínicas han podido licenciarse “porque la demanda en infraestructura es altísima. Nosotros peleamos con el tema de la matriz (requisitos para licenciar) buscando una flexibilidad de parte de las autoridades, pero ellos no piensan bajar los estándares”.

La dirigente detalla que, para cumplir con estos requisitos, un propietario debe invertir como mínimo 80 mil dólares, que de acuerdo a sus cálculos es difícil conseguirlos en un corto tiempo. En su grupo son 35 clínicas que están en proceso de licenciamiento que, aclara, no están trabajando al margen de la ley.

Aunque reitera que han recibido la asesoría y acompañamiento adecuado de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), encargada de los licenciamientos, cree que deben intensificar la regulación a los centros clandestinos.

“Nosotros sabemos que cuando ocurre un incidente como estos, las clínicas se convierten en el foco de atención de todos”, lamenta Intriago, quien invita a las autoridades a, en lugar de realizar cierres a través de operativos, visitar a quienes estén en el proceso de licenciamiento.

De acuerdo a cifras del Acess, en la Zona 8 (Guayaquil, Samborondón y Durán) hay 3 centros especializados en el Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (Cetad) privados con licenciamiento y permiso de funcionamiento vigente, y 2 en proceso de renovación. De esta lista, solo uno es un centro que consiguió el permiso de enero hasta la fecha.

Desde el incendio ocurrido en el suburbio, en el Acess se han receptado 73 solicitudes, de las cuales se han llevado a cabo 60 asesorías para el licenciamiento.

Tanto para Cinthia, como para los demás familiares de los fallecidos, hay una responsabilidad en las autoridades para que direccionen un mayor control en estos centros. “La cantidad de lugares que operan sin ninguna normativa es muy extensa”, calcula Intriago.