El próximo martes 7 de noviembre de 2023 se cumplen dos años de la explosión del radar colocado en el cerro de Montecristi, en Manabí.

El aparato tenía la misión de detectar la presencia de narcoavionetas procedentes de México y Centroamérica, cuya presencia se había registrado en varias ocasiones en esa zona.

La madrugada del domingo 7 de noviembre de 2021, menos de 15 días después de su instalación, uno de sus componentes explotó y dejó inutilizado el equipo colocado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) a finales de octubre de ese año.

Esa rama de las Fuerzas Armadas no ha podido iniciar la reparación del radar siniestrado ni acceder a un equipo de alquiler para colocarlo en Montecristi, debido a las demoras administrativas que se habrían presentado en la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros. (Lea también: "Juez Leiver Quimís intentará instalar el jueves la audiencia por el caso del radar")

Se atribuyen además supuestas trabas que habría puesto la aseguradora Interoceánica, pese a que se habría renovado (extendido) la póliza por más de 16 meses, sin que se haya presentado un siniestro adicional.

La FAE, por su parte, tiene todo listo para acceder al alquiler de un radar ANPC, que estaría en funcionamiento en 45 días y por un tiempo de 12 meses de arriendo. Esa sería la solución más inmediata para efectuar el control de las presuntas actividades relacionadas con el narcotráfico en el área, ya que la reparación del radar siniestrado tomaría al menos 18 meses y el nuevo radar LTR-25, adquirido recientemente por el Ministerio de Defensa, llegaría recién a finales de 2025.

¿Cuál es la situación de los trámites en la Superintendencia? El pasado 30 de octubre de 2023, ese ente negó la apelación de Mauricio Carrillo, como apoderado especial de Geovanny Montenegro, gerente y representante legal de Interoceánica, a la resolución del 30 de agosto de Alexandra Caizahuano, intendenta nacional de Seguros.

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La funcionaria había ordenado a Interoceánica que pague como indemnización al Ministerio de Defensa dos millones de dólares “por la cobertura “Incremento en el costo de operación”, prevista en la póliza de Equipo Electrónico MTRX-0000003592-1, gasto adicional que se genera al usar un sistema electrónico de procesamiento de datos ajeno y suplente al asegurado”.

Había dispuesto, adicionalmente, que la aseguradora notifique a la entidad el cumplimiento de la resolución en diez días contados desde la notificación y para ello debía remitir la liquidación detallada y el comprobante de pago en favor de la asegurada.

La apelación de Interoceánica impidió el cumplimiento de la disposición. Eso, a pesar de que el artículo 70 de la Ley General de Seguros señala que “la interposición de acciones o recursos judiciales no suspenderá los efectos de la resolución”.

El 30 de octubre, Marco López, superintendente de Compañías, negó la apelación. Aunque en el documento se menciona que la resolución causa estado en la vía administrativa, se señala que puede ser impugnada ante el superintendente con un recurso extraordinario de revisión o en la vía judicial ante el Tribunal Contencioso.

Y esas alternativas las tomaría Interoceánica. “La compañía seguirá todas las instancias legales establecidas dentro del proceso iniciado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) ante el siniestro ocurrido. Una vez que estas se agoten, Interoceánica procederá como la ley lo determine”, indicó Montenegro en la posición oficial remitida a EXPRESO.

Pero el artículo 70 de la Ley de Seguros también dice que “la aseguradora, por su parte, podrá demandar la revocatoria o anulación de la resolución que le obligó al pago de la indemnización, en jurisdicción contencioso administrativa, solamente cuando haya honrado la obligación”.

Interoceánica defiende que durante más de 36 años de trayectoria se ha caracterizado por el cumplimiento de la normativa y las obligaciones adquiridas en todas las pólizas con sus clientes. “Es así que, en relación al evento suscitado con el radar en el cerro Montecristi, en ningún momento se ha negado el reclamo presentado”. Mientras tanto, el cerro de Montecristi sigue sin contar con un aparato para el control de las actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico.

Investigación

Audiencia por sabotaje

El próximo miércoles 8 de noviembre, en la Unidad Judicial de Montecristi, habrá un tercer intento por instalar la audiencia preparatoria de juicio en contra de los uniformados investigados por el posible delito de sabotaje. En la diligencia, en la que primero se resolverán los posibles vicios de procedimiento, procedibilidad y nulidades, el fiscal presentará su dictamen en contra de los sospechosos.

El detalle

Traslado. En mayo de 2022 se trasladó el radar al centro de mantenimiento de la FAE, en Latacunga, Cotopaxi. Podía hacer un rastreo de 220 millas.

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