Manda el presidente de la República a preguntar si los asambleístas solicitantes del juicio político en su contra saben ya de qué mismo se lo acusa y con qué pruebas. Y no, no lo saben. No obstante, el propio acusado ya se dio por notificado él mismo y pidió, también por cuenta y riesgo propios, que los plazos empiecen a correr; designó a un abogado para que lo represente (no a un funcionario político de su confianza, como cabría esperar dada la naturaleza del proceso) y hasta señaló casillero judicial, como si estuviera en juicio de alimentos. En este proceso que no tiene precedentes y va inventándose su propia jurisprudencia sobre la marcha y a los tumbos, todo es tan inusual, enrevesado y sinuoso, todo parece estar tan patas para arriba que no será una sorpresa para nadie cuando cada una de las partes decida acudir otra vez, para variar, a la Corte Constitucional para que ponga en vereda a la otra.

Diez días después de que esa Corte admitiera uno solo de los tres cargos planteados por los acusadores y habiendo avocado conocimiento del proceso todo el mundo, continúa sin cumplirse una de las disposiciones del dictamen: aquella que manda excluir todos los “hechos, inferencias y pruebas” relacionadas con los cargos inadmitidos. Fernando Villavicencio, el presidente de la Comisión de Fiscalización a cargo de esta etapa del proceso, decidió que esa tarea corresponde a los propios solicitantes del juicio político: la correísta Viviana Veloz, el socialcristiano Pedro Zapata y la expulsada del bloque de Pachakutik Mireya Pazmiño. Que no, le respondieron: que eso le toca al pleno de la Comisión. Y se negaron también a especificar la “utilidad, pertinencia y conducencia de las pruebas”, tal como les había mandado Villavicencio para asegurarse de que ningún elemento extraño se cuele en el proceso.

Aquí es donde empieza a trabarse todo. Los asambleístas de oposición acusan a Villavicencio de dilatar el procedimiento; él se defiende invocando cierto artículo del Código General de Procesos; le caen encima porque esa ley no tiene nada que ver con juicios políticos; se reúne el Consejo de Administración Legislativa (CAL) nomás que para jalarle las orejas; acude él a la Corte Constitucional para pedir que controle el cumplimiento de la sentencia; lo amenazan los socialcristianos (concretamente Alfredo Serrano, presidente del partido) con “apartarlo” de la presidencia de la Comisión; se retuerce de la risa Villavicencio porque sabe que eso les tomaría aún más tiempo: necesitarían un informe motivado con los votos de seis de nueve miembros, todo un trámite, y eso para que asuma la presidencia Ana Belén Cordero, una oficialista… Se desesperan los otros porque si algo tienen es apuro: los plazos del juicio político pueden extenderse hasta los 45 días y el 14 de mayo hay cambio de autoridades en la Asamblea. Esto tiene que hacerse con Saquicela como presidente, él sabrá por qué: algún plan inconfesable está por arruinar la parsimonia de Villavicencio.

Mientras tanto, Guillermo Lasso se enfrenta a una situación incómoda: la de verse obligado a preparar pruebas de descargo para una indefinida lista de pruebas de cargo, lo cual ciertamente atenta contra su derecho a la defensa y amenaza con deslegitimar el juicio. Pero, ¿quién necesita legitimidad cuando tiene los votos? En la negativa de la oposición a discriminar y justificar las pruebas (“singularizarlas”, como se dice en la jerga jurídica) se adivina su intención de convertir el juicio político en un popurrí de incriminaciones retóricas. Ya lo dijo sin ningún empacho el socialcristiano Luis Almeida en una entrevista con Milton Pérez, de Teleamazonas: “Yo pondría tres o cuatro peculados más en el juicio. ¿Quién ha dicho que no se puede?”.

Almeida solo espera la comparecencia del presidente ante el Pleno para lanzarle una nueva acusación no contemplada antes: “cuál era el manejo de los Bonos Brady, en la cual le voy a preguntar al señor Lasso: este tramo de esta deuda de 108 millones, ¿era suyo o no? Entonces yo tengo la documentación para probarle eso. Ahí veremos, señor”. ¿Por qué Guillermo Lasso debe ser destituido? “Porque le mintió al país, por ser indolente, porque su egoísmo no le permitió ser padre de la patria”, zanja Almeida. Por la tasa de homicidios, el modelo neoliberal, los Pandora Papers y el costo de la vida, enumera un comunicado de la Conaie en el que se exige a los asambleístas de Pachakutik comportarse en consecuencia. En fin: por la causal que sea. No nos pidan referirnos únicamente al cargo admitido por la Corte Constitucional, ha sido la demanda de la oposición desde el día uno de este juicio, el lunes pasado, cuando la Comisión de Fiscalización avocó conocimiento del dictamen. Roberto Cuero, Viviana Veloz, Bruno Segovia... Acusaron a Villavicencio de atentar contra su libertad de expresión por no permitirles hablar sobre lo que les viniera en gana y no, como manda la Corte Constitucional, sobre el único cargo admitido.

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Esto tiene una razón de ser clarísima: ocurre que el único cargo admitido, el caso de peculado en los contratos de Flopec con Amazonas Tankers, siempre estuvo ahí nomás como relleno. Viviana Veloz, Mireya Pazmiño y Pedro Zapata habían apostado todas sus fichas a los temas que no pasaron el filtro constitucional: los casos de concusión en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), el esquema de corrupción con Hernán Luque y Rubén Cherres, el tráfico de cargos públicos con Danilo Carrera, el caso León de Troya y la mafia albanesa, las filtraciones facilitadas por la empresa de producción de contenidos digitales La Posta... Ahí tenía la oposición cifradas todas sus esperanzas. En cuanto a Flopec... Bueno, básicamente no tienen nada.

Fecha límite

Apuradísima está la oposición: tiene que tumbar a Guillermo Lasso antes del 14 de mayo, fecha de cambio de autoridades en la Asamblea Nacional.  

Basta con revisar el anuncio de pruebas que consta en el expediente para darse cuenta de que los interpelantes ni siquiera se preocuparon por juntar los documentos esenciales para demostrar la acusación. De un total de 20 pruebas de sustento aportadas para las tres acusaciones, solo dos se relacionan con el caso Flopec; las 18 restantes corresponden a los cargos de concusión inadmitidos. No consta, por ejemplo, el informe de Contraloría que señala el perjuicio económico de los contratos con Amazonas Tankers. Ni siquiera están, y esto es el colmo, los propios contratos cuestionados. Lo único que hay son las dos cartas en las que el exgerente de Flopec Johnny Estupiñán advierte sobre la inconveniencia de esos contratos. Pero en la lista de comparecientes llamados a rendir testimonio ante la comisión (36 personas de entre las cuales no más de cinco tienen relación con el caso admitido) Estupiñán no aparece. Oh sorpresa. Si lo llamaran (probablemente Villavicencio lo haga), podría repetir lo que dijo hace pocos días en una entrevista radial, y ahí sí que se les cae el caso: dijo que él decidió suspender los contratos con Amazonas Tankers y luego revocó esa decisión porque se dio cuenta de que no tenía el informe vinculante de Procuraduría que le autorizara a hacerlo, requisito indispensable según el propio contrato. ¿Cómo culpar, entonces, a Guillermo Lasso de peculado?

Nada que hacer: no tienen otro remedio los asambleístas de oposición que evitar las precisiones. No para ganar el caso y destituir al presidente, que eso depende de los votos, no de las pruebas, sino meramente para no quedar como pelmazos. Hay que ver si lo consiguen. Al menos ahora.  

Nada de nada

De 20 pruebas de sustento anunciadas inicialmente, solo dos corresponden al caso admitido por la Corte Constitucional. Y no son la gran cosa.

No TODOS LOS VIDEOS

Previendo las disidencias de asambleístas del PSC y Pachakutik, la oposición acusa al Gobierno de enviar al hombre del maletín. Viviana Veloz pide los videos de las cámaras de seguridad del piso 7, donde tiene su oficina el coordinador del oficialismo, Juan Fernando Flores. Este extiende el pedido a los pisos de los otros partidos. Los únicos videos que nadie pide son los de la oficina de Virgilio Saquicela. ¿Por qué será?