Una tímida Asamblea quiere romper el silencio oficialista
Se habla de llamar al consejero Aparicio Caicedo, pero nadie se ha apersonado. Las dudas se centran en si actuó por su cuenta o con una orden superior
Todos quieren que hable, pero nadie se decide a llamarlo. En la Asamblea Nacional había ayer un pedido casi unánime para que el consejero presidencial Aparicio Caicedo acuda a explicar los audios en los que reclama al ahora posesionado superintendente de Bancos, Raúl González, por no dimitir a la terna enviada por el presidente Guillermo Lasso.
Por ahora, nadie se ha hecho cargo de la convocatoria. La legisladora rebelde de Pachakutik, Mireya Pazmiño, dijo ayer que Caicedo y otros funcionarios deben ser llamados al pleno, pero no lo planteó como una moción para formalizar el pedido.
La convocatoria se pasará a las comisiones que sean. Ya sea a Fiscalización o a otra, eso no es problema. Pero el Gobierno tiene que venir a rendir cuentas
“Cualquiera de las comisiones legislativas le podría llamar. Hay que poner una moción para que acuda al Pleno de la Asamblea. Se lo hará la próxima semana. Él debe aclarar esos audios y por qué toma el nombre del presidente. Hay la duda porque a veces parecería que el mandatario no sabe cómo actúan sus funcionarios”, dijo Pazmiño a EXPRESO.
Varios integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana solicitaron que se llame a comparecer a funcionarios del Gobierno para que hablen de ese y otros casos. Su presidente, Ferdinand Álvarez, de Unión por la Esperanza (UNES) dijo a este Diario que se están procesando las solicitudes. Ayer tenía previsto poner una denuncia en la Fiscalía contra el consejero.
Estas comparecencias se pueden dar ante la Comisión de Fiscalización, pero ante todo el consejero presidencial Aparicio Caicedo le debe rendir cuentas a la justicia.
Mientras tanto, por segundo día consecutivo, el Gobierno guardó total silencio sobre los audios. Para la asambleísta de Izquierda Democrática (ID), Johanna Moreira, eso es inconcebible porque los funcionarios públicos, más con la jerarquía de la de Caicedo, le deben rendir cuentas a la ciudadanía a través de esta función.
La asambleísta no cree que esto, que podría configurar tráfico de influencias, se trate de un hecho aislado en el Ejecutivo. Por eso, considera que además del consejero presidencial deben comparecer el secretario de la Administración, Iván Correa, y el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo.
Algunos ad honoren han pasado a ser funcionarios públicos, susceptibles de control político y fiscalización por parte de la Asamblea. Tendrán que responder en lo judicial y político
El problema es que hasta ayer nadie dijo ‘yo lo haré’. Eso lo sabe el jefe de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), Juan Fernando Flores, que retó a sus colegas de Asamblea a pasar de la amenaza a los hechos y hacer las convocatorias que correspondan.
Puso en duda de que eso suceda fácilmente, porque aseguró que quienes ahora atacan al Gobierno y a Caicedo por los audios son los mismos que tienen procesos judiciales y glosas en su contra, lo que les quitaría calidad moral para llevar adelante cualquier proceso de fiscalización.
