Terremoto de dudas por $ 120 millones

Doce palabras crearon una polémica. El detalle que describe la transferencia de $ 120 millones desde la cuenta de la Ley de Solidaridad, creada con el fin exclusivo de servir para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, hacia la cuenta corriente única del Tesoro Nacional, con la que el Ministerio de Finanzas responde a las obligaciones del Estado, causó un bullicio político de proporciones mayores que incluye la acusación opositora contra el Gobierno por “un acto perverso”. Finanzas ha negado mal utilizar los fondos.

La primera crítica formal llegó del legislador independiente Ramiro Aguilar. “Vean a dónde va su solidaridad”, dijo el opositor, adjuntando en redes sociales el cuadro detallado de la transferencia. “Así que no vengan con el cuento de que sacaron de la cuenta solidaridad con oficio reservado para pagar contratistas de Manabí”, increpó.

Ese argumento llegó más tarde, mediante comunicado oficial del Ministerio de Finanzas. La cartera admite haber desviado los fondos en lo que denomina “un eficiente e integrado manejo de la liquidez” para pagar “prioritariamente” a proveedores de Manabí y Esmeraldas.

La oposición no ha desaprovechado la oportunidad de revivir las críticas con las que nació la Ley de Solidaridad.

Patricio Donoso, jefe de bloque de CREO, recordó, en declaraciones a EXPRESO, la propuesta de su movimiento de crear “un fideicomiso a fin que el dinero que se recaude sea manejado de forma expedita, absolutamente transparente”. El legislador acusa al Gobierno de haber cometido “un error” y considera que será imposible ahora fiscalizar el destino de estos fondos: “El problema es que los billetes todos son verdes, entonces es difícil saber cuál verde recibido o cobrado en impuestos sirve para pagar tal o cual cosa, porque todo entró a la misma cuenta, a la del Tesoro”, argumenta Donoso.

El oficialismo, más cauto, se dedicó tempranamente a “rechazar” las presunciones opositoras, a las que califica de “irresponsables”, en palabras de Bairon Valle (PAIS) quien, entrevistado por este medio, ha concluido que “sin duda alguna” la Asamblea Nacional necesita información sobre este movimiento. Y adelanta: “Necesitamos detalles, queremos saber los montos de proveedores de bienes y servicios, cuánto se ha recaudado, cuánto se ha destinado, cómo se han distribuido los recursos”. ABP/MCV