El camino del juicio político sigue. Dar marcha atrás en su decisión de revisar el proceso administrativo de la elección de la Corte Constitucional, a criterio del asambleísta Raúl Tello, solo le da más peso a los argumentos en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez; y los vocales Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria Desintonio.

“La decisión demuestra la razón que tenemos los legisladores para el juicio político. Nos han dado la razón en la causal que determinamos”, dijo el legislador este 19 de julio de 2019, en un evento en Guayaquil.

Según el asambleísta, el Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana establece que las resoluciones del organismo entra en vigencia inmediatamente de su aprobación. “Eso significa que la resolución del punto 4 de la sesión del 10 de julio pasado estuvo en vigencia”, dijo Tello, refiriéndose a los argumentos de la mayoría del Consejo en el sentido que la comisión creada nunca se conformó por lo que el supuesto delito de no acatar una sentencia previa de la Corte Constitucional no se consumó.

Pero el legislador va más allá y precisó que el pleno del Consejo decidió retirar la moción que creó la comisión, figura legal que no existe, dijo. “La decisión del 10 de julio sigue en vigencia porque debieron revertir la decisión por rever la vía de la reconsideración y no lo hicieron”.

El 10 de julio pasado, cuatro miembros del CPCCS decidieron crear una comisión de expertos para revisar el proceso administrativo de la elección de la Corte Constitucional. Esto fue tomado como una decisión en contra de autoridad competente lo que es un delito, porque existe una sentencia de la misma Corte Constitucional que impide al actual Consejo revisar y revertir las decisiones del Consejo de Participación transitorio.