En Nueva Loja, Sucumbíos, se convocó a la audiencia de formulación de cargos por posible peculado para el asambleísta Yofre Poma y cuatro personas más. La diligencia fue fijada por la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos en razón del fuero que ostentaba Poma como alcalde de Lago Agrio.

El caso tiene como antecedentes un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría. Se presumía tráfico de influencias que se habría registrado a finales de 2013 y principios de 2014. Poma fue elegido alcalde de Lago Agrio para el periodo 2009-2014.

Según Gustavo García, defensa de Yofre Poma, la Fiscalía inició la investigación previa por tráfico de influencias, recibió su versión y pruebas de descargo. Pero afirma que en el camino se cambia la figura penal por la que solicitó la formulación de cargos.

El ilícito se habría materializado en la venta de un terreno de propiedad del Municipio a un precio menor al real. La Fiscalía Provincial de Sucumbíos investigó la venta del bien municipal y consideró que existían los elementos suficientes que hacen presumir la existencia de posibles anomalías. 

Este no es el primer caso que enfrenta Poma en la justicia. El año pasado ya fue sentenciado por paralización de servicios públicos. Recibió un año y cuatro meses de pena por la irrupción violenta y paralización de actividades ocurrida el 7 de octubre de 2019 en el marco de la protesta indígena de octubre que paralizó el país y concluyó con la derogatoria del decreto sobre la elevación del precio de los combustibles. 

A pesar de la condena y haber estado preso Poma sigue siendo asambleísta de la Revolución Ciudadana. En febrero la Corte Nacional de Justicia aceptó su pedido de suspensión condicional de la pena impuesta al legislador correísta que lideró la paralización del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Las pérdidas por ese incidente habrían sido, según la estatal Petroecuador, de casi dos millones de dólares por más de dos horas de la toma de las instalaciones.