Una institución desacreditada. Los señalamientos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) también salpican a los concursos de designación de autoridades que la entidad lleva adelante, según analistas, generando un halo de ilegitimidad en las autoridades que resulten designadas.

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Las denuncias públicas de intromisión de las propias comisiones ciudadanas de selección, las acciones de protección que trastocan los procesos y las irregularidades señaladas en la obtención de calificaciones son para el analista político César Febres-Cordero parte de los motivos por los cuales los concursos de designación carecen de confianza.

“Todo eso afecta la legitimidad de los procesos ante los ojos de la sociedad civil y la ciudadanía”, dice y señala que el concurso para designar al contralor general del Estado es el mejor ejemplo de la minada confianza que tiene el CPCCS.

Según repasa, el proceso ha tenido señalamientos respecto a la calificación de méritos, las notas de la prueba escrita y sobre la legitimidad de la representante de la Función Legislativa en la comisión ciudadana.

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A estos elementos se suma el cese de funciones del secretario de la comisión del concurso de contralor, Francisco Toral, tras haber alertado de irregularidades en el boletín de notas de las pruebas escritas de los postulantes a contralor del Estado.

Por su lado, David Rosero, exconsejero de Participación Ciudadana, sostiene que a pesar de los reclamos que pueden surgir alrededor de los concursos, la legalidad y el avance, los procesos de selección y designación de autoridades han brindado legitimidad a lo actuado por el CPCCS en funciones.

“Generalmente, los (postulantes) que no han sido favorecidos en los concursos tendrán señalamientos y críticas al proceso”, argumenta Rosero y añade que la evaluación de la legitimidad de los concursos de designación de autoridades debe valorarse con relación al cumplimiento del reglamento de los mismos.

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Además, resalta que “más ilegítimo es tener autoridades con funciones prorrogadas”, como es el caso del contralor general del Estado, Carlos Riofrío, parte de los vocales del Consejo Nacional Electoral y el defensor público. Sin embargo, este razonamiento no encuentra apoyo en la sociedad civil organizada.

“El fin no justifica los medios”, replica Ricardo Ramírez, coordinador de la Comisión Anticorrupción de Guayas, a las declaraciones del exconsejero Rosero y hace hincapié en que, pese a coincidir con la necesidad de tener autoridades titulares, no es posible omitir las denuncias.

“Puede haber cosas legales, pero que carecen de legitimidad”, sostiene Ramírez, quien recuerda que los problemas que ahora son visibles en el Consejo de Participación Ciudadana llevan tiempo y tienen como protagonista al pleno de la institución, el cual ha sido el centro de las críticas.

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En este escenario, según Febres-Cordero, no parece haber salida. Las autoridades señaladas como ilegítimas por prorrogar funciones dependen de concursos de designación que también son objeto de desconfianza. Aunque el panorama es opaco, resalta la necesidad de buscar una salida para que el Estado no sufra las consecuencias de los errores.

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