Sobreprecios en contratos para obras locales adjudicados por parte del Municipio de San Vicente son investigados por la Fiscalía, que allanó la tarde de este 16 de junio las instalaciones del Cabildo manabita.

Según un extracto policial, la intervención respondió a una orden de allanamiento suscrita por el Juez de la Unidad Multicompetente Penal son sede en Sucre, Alfonso Ureta Chica, para la investigación de un presunto delito de cohecho.

Según detalla el informe, el objetivo era allanar dos inmuebles del cabildo manabita, las oficinas del GAD y las de la Empresa Pública Municipal del Cantón San Vicente.

Sin embargo, en la diligencia que estuvo comandada por el fiscal Marco Tulio Pico, este último inmueble no fue intervenido.

Entre las evidencias que los elementos de la PJ recolectaron están CPU, computadoras y carpetas con documentos, los mismos que fueron fijados e ingresados a las bodegas de la Policía Judicial de Sucre.

Tras el procedimiento efectuado en el Cabildo del cantón del norte manabita, la Comisión Anticorrupción de esta provincia se pronunció.

Julio Villacreses, coordinador de este ente, anunció respaldar la denuncia presentada ante la Contraloría General del Estado, por el concejal de San Vicente Leonel Kuonqui Vera, por presuntos actos de corrupción.

Según Villacreses, el concejal solicitó un examen especial por presuntos sobreprecios en la construcción de un mercado por parte de la compañía CONTRUVELESA , que también es contratista del hospital de Pedernales.

"También la empresa UNIGRUP, compañía de coactivas a empresas operadoras celulares Conecel y Otecel, cobraron por medio de juicios grandes cantidades de dinero al Municipio de San Vicente", expresa el comunicado.

En el pronunciamiento se agrega que la Empresa Pública Ecuador Estratégico construyó con un mismo contrato 2 tanques reservorios para la repotenciación del alcantarillado de la parroquia Canoa por más de 1.4 millones dólares y la Empresa Pública del GAD de San Vicente recibió una obra defectuosa, las bombas instaladas a los 3 meses se dañaron y no hay agua potable en plena pandemia.

Otra de las supuestas irregularidades a las que se refiere la CNA, es que se construyó un polideportivo en la parroquia Canoa con presunto sobreprecio y con recursos del terremoto.

"La Empresa Pública Municipal San Vicente también debe ser investigada por temas de las viviendas, montos cuestionados, que se realizaron con fondos de solidaridad del trágico terremoto", señala el documento.

Hasta el momento no ha existido un pronunciamiento por parte de la alcaldesa de San Vicente, Rossana Cevallos, quien cumple su segundo período luego de ser reelecta. Tampoco se reportaron detenidos.