Yamil Massuh, uno de los 21 llamados a juicio por el caso Sobornos 2012-2016 y su abogado Francisco Pesántez, estarán hoy a las 10:00 en la Corte de Justicia de Guayas.

Cumplirán así la disposición de la jueza nacional Daniella Camacho, quien sustituyó la prisión preventiva que pesaba en su contra para que se presente en esa instancia los lunes y jueves.

Además de Massuh, Diego Correa, defensa del empresario de Azul, Williams Philips Wallace Cooper, coordina el pago de la caución de 300.000 dólares, dispuesta por la jueza a cambio de levantar la prisión en su contra.

Ellos son dos de tres procesados que recibieron la sustitución de medidas el sábado. Forman parte además de los 21 llamados a juicio por el presunto delito de cohecho. Hubo tres sospechosos para quienes la jueza consideró que los elementos presentados por la Fiscalía no eran suficientes para demostrar su participación.

Para los que afrontarán el juicio, cuando se haga el sorteo de la causa a un tribunal de la sala Penal de la Corte, la jueza enlistó cerca de 200 elementos que consideró relevantes.

Son parte de los 837 elementos de convicción mencionados por la fiscal Diana Salazar durante la audiencia preparatoria de juicio y que la jueza observó que muchos de ellos se habían repetido hasta ocho veces.

Que la liderada por el expresidente Rafael Correa y sus excercanos colaboradores como Jorge Glas, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, María Duarte y Walter Solís fue una ‘organización delincuencial’, es algo que deberá probar la Fiscalía cuando se convoque al juicio.

Recogiendo la exposición de la fiscal Salazar, la jueza reiteró que los roles de los exfuncionarios facilitaron aceptar ofertas o promesas de parte de las empresas a cambio de contratos.

Esos aportes, que se habrían efectuado en efectivo y con cruce de facturas para las campañas de PAIS entre 2012 y 2016, no fueron reportados al Consejo Nacional Electoral (CNE) y se evadieron controles del Servicio de rentas Internas (SRI), dijo.

Concluyó que se habría ofertado por parte de empresarios privados, ejercido por varios funcionarios públicos, bienes y servicios en favor propio y a través de terceros desde el movimiento Alianza PAIS al que pertenecían los indiciados en la época de los hechos.

La entrega del dinero en efectivo se habría realizado en Quito, en el edificio Concorde. Mientras que los bienes y servicios pagados por los empresarios a PAIS se habrían realizado en los sitios donde se realizaban las campañas. Los servicios que requería PAIS: camisetas, publicidad, elaboración de cuñas, jingles, provisión de alimentos, pago de desplazamientos y otros en la campaña, lo pagaban las empresas, insistió.

Parte de los llamados a juicio se pronunció en redes sociales. En Twitter Correa dijo: “Parece broma, pero es en serio. Nos acusan de “sobornos” por $ 6.000. La realidad: fue un préstamo de nuestros propios fondos, como lo dice la versión de mi asistente y que no publica la prensa. Así tratan de impedir que participe en elecciones del 2021”.

Mientras que Mera señaló por la misma red social: “La prueba indiscutible de mi persecución política: la gran ladrona y su asistente libres; los exfuncionarios públicos que están en el país libres; ayer hasta liberaron a un prófugo; los contratistas libres; Odebrecht nadie lo toca y yo soy el único privado de mi libertad”.

También en Twitter la asambleísta Viviana Bonilla dijo que enfrentará “con la valentía de siempre esta vil persecución, no me van a doblegar. Nos veremos las caras en el juicio”. El exlegislador Christian Viteri mencionó que “como era de esperarse nos llamó (a juicio) a todos los políticos, y bueno, nos defenderemos en juicio como corresponde”.