En el séptimo día de la audiencia preparatoria de juicio que por presunto delito cometido en los aportes a la campaña presidencial del Ec. Rafael Correa previa a su segundo mandato, se investigó por la fiscal general bajo el título Sobornos 2012-2016, y que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia ante la jueza Daniela Camacho -donde van a parar todos los juicios penales en que en alguna forma se pretende implicar y responsabilizar al expresidente ecuatoriano-, la fiscal Diana Salazar, fiel a su delectación por las cifras exorbitantes y los ‘flashes’ de los reporteros, anunció que presentará 40 peritos, 127 testigos y la reproducción de los testimonios anticipados de Pamela Martínez, exasesora de Correa; de su exasistente Laura Terán y del brasileño José Conceicao Santos, representante de Odebrecht.
También anunció más de 300 pruebas documentales que incluyen copias notarizadas de las facturas por servicios recibidos por Alianza PAIS pero canceladas por empresas “como parte de supuestos aportes a cambio de contratos con el Estado”, además de oficios, contratos e informes periciales. Toda una novela de intriga y suspenso forjada en la mente de la fiscal Salazar, que tendría que sustentar con lógica jurídica para establecer una firme presunción de culpabilidad contra Correa, pues el solo acto de calificar como “sobornos” la investigación de los aportes hechos a una campaña presidencial por empresarios o personas naturales, es prejuiciado y malvado, y genérico, pues involucraría a todas las campañas electorales presidenciales del mundo, ya que de hecho será casi imposible que los candidatos paguen de su bolsillo los gastos de una campaña que es de sus adeptos o agrupaciones políticas, alianzas muchas de ellas entre varios movimientos políticos, para llevar al solio presidencial a los propuestos.
Pero así es como se están dando las cosas en nuestro país, en la más abierta persecución política y con el propósito manifiesto de condenar en ausencia como culpable de pedir sobornos, al expresidente Rafael Correa (aunque técnicamente eso sería “concusión”), y lograr una sentencia condenatoria que le imposibilite, como se hizo en Brasil con Lula, participar como candidato en una próxima o futura contienda presidencial.
