La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de un comunicado, cuestionó lo que considera un “acoso judicial” a la periodista de Teleamazonas, Dayanna Monroy. “Es un acto de intimidación que socava la libertad de prensa”, recoge el comunicado publicado en la página web oficial del gremio continental de medios de comunicación impresos.

El fiscal Javier Pucha pidió a varias instituciones estatales información sobre el patrimonio de Monroy y solicitó a Teleamazonas entregar videos y notas periodísticas en las que se mencione a Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram. Estas medidas son parte de una demanda que el exmandatario presentó contra la periodista por presuntamente revelar información extraída de un banco de datos.

La SIP solicitó medidas de protección para la periodista “ante las amenazas recibidas” y que “se investigue y adopten medidas concretas contra los agresores”.

Jorge Canahuati, presidente del gremio y titular de Grupo Opsa en Honduras, expresó su preocupación “por la forma en que la justicia es manipulada para que actúe en contra de los periodistas y medios que investigan casos de corrupción”.

Tras la denuncia, la Fiscalía General dispuso una revisión de la actuación del funcionario y solicitó un análisis de riesgo y garantías para su seguridad.

Canahuati espera que la medida de la Fiscalía pueda blindar a Monroy otorgándole medidas extras de protección, pero que también investigue y adopte medidas concretas contra los agresores.

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director del diario La Voz del Interior de Argentina, dijo que “es inaudito que el fiscal esté más preocupado en que el Canal entregue videos y notas periodísticas derivadas de las investigaciones periodísticas, cuando lo relevante en casos en los que está involucrado el erario público es que se investiguen las denuncias sobre corrupción”.

El expresidente Bucaram cumplía arresto domiciliario preventivo antes de que un juez le concediera la libertad al ser oficializada su candidatura a asambleísta nacional por el partido Fuerza EC. Su hijo Jacobo está en prisión preventiva y otros miembros de la familia son investigados por la presunta venta ilegal de insumos médicos en hospitales públicos durante la emergencia de la COVID-19.