Más de un centenar de pobladores de Sucumbíos llegó a la Corte Nacional de Justicia para pedir la libertad del asambleísta correísta Yofre Poma y ocho procesados por la paralización de servicios públicos en el contexto de las protestas.

Los manifestantes portaban globos blancos y carteles que proclamaban la inocencia de Poma y otros detenidos el pasado lunes 7 de octubre, al interior de un pozo del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) tras la irrupción violenta a las instalaciones.

Este martes 29 de octubre se reinstala el cuarto día de juicio directo para los procesados. La paralización de servicios se sanciona con entre uno y tres años de cárcel. Según Petroecuador, el perjuicio para el Estado por la paralización de dos horas y 19 minutos, habría sido de 1.7 millones de dólares.

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La diligencia se instaló a las 09:00. Está a cargo del conjuez David Jacho, quien hasta el momento ha resuelto los vicios se procedimiento, ha escuchado a testigos y a peritos que actuaron en el caso.

La instrucción fiscal duró 10 días. El fiscal subrogante Wilson Toainga acusó a los nueve procesados como coautores de paralización de servicios.

La defensa de Poma reconoció que su cliente sí ingresó al SOTE, pero aclaró que fue a pacificar a los manifestantes.