Para este martes 2 de abril a las 10:00 estaba prevista se realice la audiencia de Acción de Protección con medidas cautelares que buscaban suspender la consulta ambiental respecto al proyecto minero La Plata. Recurso legal presentado por Oscar Monge, alcalde de Sigchos, por problemas tecnológicos no se pudo instalar.

En las afueras de la Unidad Multicompetente de Sigchos, habitantes de Palo Quemado, Las Pampas, organizaciones de segundo grado filiales al Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) realizaron un plantón.

Oscar Monge, alcalde de Sigchos, manifestó que por falta de conectividad y garantías para la realización de la audiencia se declaró fallida, lo que demostraría que no se brindarán las garantías suficientes para proteger los derechos de la población.

El burgomaestre exhortó al abogado Álvaro Román como presidente del Consejo de la Judicatura para que se garantizar el derecho a una justicia plena y eficaz, “justicia que tarda no es justicia” aseguró la autoridad

Alex Toapanta, presidente del MICC dijo que están creando una lucha social de todo el país por lo que tienen la esperanza de que en todos los territorios donde existen concesiones mineras levanten su voz de protesta.

Según la información que tiene el dirigente indígena, en Cotopaxi existirían alrededor de 90 mil hectáreas de terreno concesionadas para la extracción minera en los cantones de Sigchos, Pujilí, La Maná y Pangua.

Indicó que analizan la posibilidad de platear la ejecución de una consulta popular para consultar a la gente si están a favor o en contra de la minería.

Por su parte Lourdes Tiban, prefecta de Cotopaxi acompañó a las autoridades locales y representantes de la sociedad civil en la audiencia que se debía instalar.

Tiban expresó su solidaridad con los habitantes de Sigchos, Palo Quemado y Las Pampas, zonas directamente afectadas por proyectos mineros en la región.

Hizo hincapié en la importancia de que la corte tome una decisión respecto al futuro de Sigchos, destacó la necesidad de explorar alternativas al modelo minero y anunció la intención de emprender procesos de iniciativa ciudadana para rechazar la actividad minera en la zona.

Cuestionó la suspensión de la consulta ambiental programada del 11 al 27 de marzo, señalando que, aunque las autoridades intentaron hacer creer que se había suspendido, en realidad el proceso continuará.

Se instó a la comunidad a mantenerse en la lucha y se discutió la posibilidad de impulsar una consulta popular para tomar decisiones fundamentales sobre el futuro de la región.

No descartó que desde la prefectura se impulse la Consulta Popular, a decir de Tiban, necesitan 1.400 firmas para iniciar el proceso en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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