Siete miembros del Movimiento Guevarista Patria y Libertad y dos dirigentes indígenas fueron llamados a juicio por presunta delincuencia organizada, trata de personas y reclutamiento para grupos armados irregulares.

La diligencia se realizó en el Complejo Judicial Norte. La jueza Ana Cristina Guerrón llamó a juicio a los sospechosos. La funcionaria argumentó que luego de verificar las constancias a las que se refirieron Fiscalía y la defensa de los procesados, pudo determinar que existen elementos de la materialidad de la infracción y que se trata de un “acto típico antijurídico”, según recoge la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Inredh.

Por esas consideraciones llamó a juicio a Omar Campoverde, Ernesto Flores, Cristian Caiza, Alexis Moscoso, Nelly Yacelga, Gabriela Gallardo, Juan Carlos Bustamante, militantes guevaristas; y a Carlos Carguachi y Silverio Cocha, dirigentes indígenas de Chimborazo. Además, la jueza no dio paso a la sustitución de la prisión de Bustamante, Campoverde, Yacelga, Carguachi y Cocha, detenidos en El Inca y Cotopaxi.

En la diligencia, las partes anunciaron las pruebas con las que irán a juicio cuando se fije la fecha de la diligencia.

Rosa Bolaños, abogada de Flores, dijo que el llamado a juicio carece de motivación porque “no se tomó en cuenta la nulidad sustancial que provocó la indefensión ante la falta de notificación de todo el actuar de Fiscalía”.

Las investigaciones apuntaron a que los detenidos eran parte de una organización que hacía acercamientos en comunidades de Cotopaxi, Chimborazo y en la Amazonía para captar personas (de forma irregular) y formarlas militarmente en la frontera colombo-venezolana. El Movimiento Guevarista ya fue señalado el año pasado por la exministra de Gobierno Alexandra Vela como una posible célula terrorista que habría estado detrás de los actos de octubre de 2019.