La responsabilidad administrativa y penal por los casos de abuso sexual en el sistema educativo debe buscarse en todos los niveles. Menos en el más alto: en el Ministerio de Educación. Eso, al menos, es lo que creen las autoridades de la Asamblea Nacional.

Ayer José Serrano, presidente del Legislativo, entregó una denuncia en la Fiscalía de Pichincha para que se investiguen unos 800 casos de presunto abuso sexual que fueron archivados por caducidad administrativa, dijo. No son casos nuevos: vienen al menos desde 2010, según informó.

Él llegó hasta la Fiscalía acompañado por Silvia Salgado, asambleísta socialista y presidenta de la Comisión Ocasional Aampetra, creada justamente para investigar las denuncias de violencia escolar. Se hicieron esperar algo más de media hora y fueron recibidos por una veintena de simpatizantes que gritaron consignas en favor de Serrano.

Los dos asambleístas tienen claro el fin de la denuncia. “Hay una clarísima y gravísima responsabilidad de funcionarios de mandos medios, rectores, inspectores de colegios y escuelas, de directores provinciales y zonales que, a pesar de que conocieron las denuncias, nunca interpusieron las denuncias penales”, declaró Serrano.

Mencionó que son, al menos, 40 los funcionarios presuntamente implicados.

“Tenemos claros los niveles, dado el modelo de desconcentración del modelo educativo, y sabemos en qué nivel están las responsabilidades”, complementó Salgado.

De la información que ellos tienen, dijeron, el ministro de Educación (aunque no mencionaron ningún nombre) no tuvo conocimiento a pesar de que los casos, reconoció Serrano, se dieron a escala nacional.

¿No hay una responsabilidad política por esos mismos 800 casos de abuso sexual en escuelas y colegios? “Eso está en otro ámbito”, indicó Serrano. Y añadió ante la insistencia de la prensa: “Hemos asumido esto con responsabilidad, estamos presentando una denuncia penal”.

En la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) bloqueó la posibilidad de que los casos de abuso y el rol que jugó el exministro de Educación Augusto Espinosa se debatieran. Los oficialistas en esa instancia negaron el pedido de juicio político que presentó el movimiento CREO.

Y hay voces, incluso en el mismo bloque de Alianza PAIS, que creen que Espinosa debe explicar las decisiones que tomó mientras estuvo en esa cartera de Estado.