Que el Gobierno de Ecuador haya reconocido, vía decreto ejecutivo, a las organizaciones narcocriminales como terroristas y que las haya señalado como un objetivo militar, permite que las Fuerzas Armadas intervengan para mantener el orden público y salvaguardar la paz del país. Así lo explica a este Diario el  exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Julio Londoño Paredes: "No se trata de una acción indiscriminada contra nadie".

Al contrario, explica el militar colombiano en servicio pasivo, se trata de la injerencia que el Estado le otorga a la Fuerza Aérea, el Ejercito y la Marina en asuntos de orden público e interno; competencia que ha sido netamente de la Policía Nacional: "La misión fundamental de estos grupos ha sido la vigilancia de la soberanía del país; ahora pueden intervenir".

El decreto ejecutivo número 111, que reconoce a las bandas narcocriminales como terroristas, las nombra y las señala como objetivo militar está sustentado en el artículo tres de las convenciones de Ginebra de 1949, ratificados por Ecuador en 1854, en el que menciona que los conflictos no internacionales, son aquellos que surgen en el territorio de las Altas Partes Contratantes.

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Pero también, están sustentado en el Derecho Internacional Humanitario, aclara Wagner Bravo, exsecretario de seguridad y militar en servicio pasivo, quien detalla que este decreto ha llamado a las Fuerzas Armadas no solo a defender la soberanía del país, también a identificar a los grupos terroristas, capturarlos y neutralizar su accionar. 

"El bien jurídico más importante a preservar es la vida de cualquier persona, sea delincuente, militares, policías  o ciudadano común. Por lo tanto, hay reglas que van a estar observando las Fuerzas Armadas en las operaciones militares, así como los derechos humanos. Es decir,  no quiere decir que apenas se les ve, se les va a comenzar a disparar", sostiene Bravo.

LAS REGLAS A SEGUIR EN MEDIO DE UN CONFLICTO INTERNO

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:

Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:

1. Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios.
2. La toma de rehenes.
3. Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes.
4. Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.
5. Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

Para el exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Julio Londoño Paredes, y militar académico, que hoy por hoy el estado ecuatoriano se haya declarado en conflicto armado interno es un gran paso que da "un campanazo" a otros países de la región. Da cuenta de que el timón, en materia de seguridad, a decir de Londoño, tiene rumbo y que los cambios se podrán observar en mediano y largo plazo: "están enfrentando a un fenómeno que fue avanzando progresivamente en el Ecuador, eso es un gran logro".

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