Con preguntas sobre seguridad y empleo el Gobierno cierra el pliego de preguntas para la consulta popular

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Con preguntas sobre seguridad y empleo el Gobierno cierra el pliego de preguntas para la consulta popular

Propone aumentar penas por extorsión. Incentivos a la contratación de mayores a 45 años. El proceso sería antes o, a más tardar, en las seccionales

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Entrega. El ministro Jiménez acudió a la Corte Constitucional junto a la asesora jurídica Karel Sichel.Ángelo Chamba/ EXPRESO

Aumentar las penas por el delito de extorsión y reorientar el destino de los bienes incautados al crimen organizado son dos de las tres nuevas preguntas que presentó el gobierno del presidente Guillermo Lasso para la consulta popular.

El nuevo pliego fue entregado este 31 de octubre a la Corte Constitucional (CC) por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien reiteró que la intención es que se consulte máximo en las elecciones seccionales de febrero de 2023. Aunque, puede ser antes, pero no después.

El problema es que esas reformas no van a resolver las principales necesidades que tiene el país, que es la generación de empleo para jóvenes y personas ‘viejas’.

José Villavicencio,
​dirigente sindical
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Dos interrogantes se inscriben en la esfera de la seguridad. La primera consulta si estaría de acuerdo en que los valores decomisados por delitos de trata de personas, terrorismo, narcotráfico y lavado de activos, entre otros, sean destinados directamente a programas de educación con énfasis en niñez y adolescencia.

Actualmente, se establece que son propiedad del Estado, aunque no se especifica su utilidad. Para aquello, habría que modificar el artículo 557 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La segunda propuesta apunta a incrementar la pena por el delito de extorsión. En este momento, se castiga con la privación de la libertad entre tres y cinco años a quienes cometan ese delito. La propuesta es que la sanción sea de siete a diez años, para lo cual también se requiere modificar el COIP.

El aumento de penas para delitos específicos (en este caso extorsión) necesariamente distorsiona la proporcionalidad prevista en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Pablo Encalada,
​exfiscal y abogado penalista

Para promover el empleo, Lasso propone una deducción adicional del 100 % en el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta a quienes empleen a personas que superen los 45 años.

Una medida insuficiente para generar empleo, según el dirigente sindical José Villavicencio, que recordó que en 2015 se aprobó una ley que supuestamente iba a promover el empleo juvenil al asumir el Estado el pago de la seguridad social. “¿Cuántos empleos juveniles se crearon desde ese año hasta ahora?”, cuestionó.

Con estas, son once las preguntas que el Gobierno espera incluir en la papeleta de la consulta popular. La Corte Constitucional tiene un plazo de 20 días para que se pronuncie sobre este último pliego de preguntas, luego de aquello el Gobierno emitirá el decreto llamando a la consulta y empezará el trámite con el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Pensar que la tipificación de nuevos delitos reducirá los delitos porque los ciudadanos, por temor a una pena, dejen de cometerlos, es no entender en su real dimensión el fenómeno delictivo.

Nicolás Salas,
​penalista

No fue lo único que se entregó. También se presentó un expediente sobre el tema del rol de las Fuerzas Armadas en seguridad, que ya fue descartada por la CC como enmienda. El Gobierno pide a los jueces constitucionales que se pronuncien para que esto sea tratado vía reforma parcial a la Constitución y se traslade hacia la Asamblea Nacional.