De forma presencial y telemática se iba a realizar este viernes 24 de noviembre la audiencia de casación solicitada por el exsecretario de la SENAIN, Pablo Romero, sentenciado por el presunto secuestro del activista político Fernando Balda.

Los jueces del tribunal eran Walter Macías (ponente), Luis Rivera y Felipe Córdova. Antes de que la diligencia se instale Andrés Villegas, el abogado de Romero, indicó a la sala que la audiencia no debería instalarse porque estaba pendiente el trámite de un juicio de recusación presentado por su cliente en contra de Walter Macías. 

Es la segunda demanda que presenta. En la primera la acusación fue una posible enemistad manifiesta del juez en contra de Romero. Ese pedido fue rechazado. Ahora, la segunda recusación acusa a Macías de haber adelantado un criterio en el caso. Lea además: "Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia del correísmo, salió de prisión"

Felipe Rodríguez, uno de los patrocinadores de Balda pidió al tribunal que instale la audiencia, consideró que no había razones para una suspensión y lamentó que una de las tácticas de los defensores sea tratar de dilatar los procesos. 

Dijo que le da igual que esté Macías o cualquier otro juez para resolver la causa. El gran problema en la justicia de este país no son los jueces y los fiscales, somos los abogados en libre ejercicio que usan todas las artimañas del mundo para prostituir el proceso y tenemos un Consejo de la Judicatura que no sanciona", señaló.

Para Rodríguez, deberían existir sanciones 'draconianas'. Eso significa que los abogados que aplican esas prácticas deberían tener suspensión por seis meses, la segunda vez por dos años y la tercera para siempre. "El que litiga sucio no puede ser abogado", es su posición. Para enmendar eso Rodríguez alista un proyecto de ley porque "es hora de limpiar la justicia empezando por los abogados en libre ejercicio", sentenció. 

En 2020 Romero fue sentenciado a nueve años de cárcel como posible autor mediato del secuestro que sufrió en Colombia el activista Fernando Balda. En febrero de 2022 un tribunal de apelación ratificó la sentencia de primera instancia por considerar que él había participado en la planificación del presunto delito que se cometió en 2012. Se le adjudicó la sospecha de entregar dinero para el delito a quienes participaron en él, incluidos dos exagentes de la Policía Nacional. 

La sentencia contra Romero no está aún en firme. Debe resolverse en la audiencia de casación que por el momento seguirá en suspenso hasta que se resuelva la segunda recusación. 

La condena en este caso no solo vino para Romero sino también para Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón, exagentes de inteligencia policial quienes colaboraron con la Fiscalía y estuvieron en la cárcel cerca de dos años. El cuarto procesado en este caso es el expresidente Rafael Correa Delgado quien se encuentra residiendo en Bélgica. Para él hay un llamado a juicio que no se puede instalar porque está prófugo de la justicia ya que tiene una sentencia por cohecho agravado en el caso Sobornos. 

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