Una vez más Ecuador  batió su propio récord negativo. En lo que va del 2023, van 1.356 muertes violentas, un 66,4 % más que el mismo periodo del año anterior, cuando hubo 815 casos. El 2022 fue considerado el año más sanguinario en la historia del país, porque acumuló 4.603 muertes violentas, con un promedio de 10,4 casos diarios y una tasa de 25 acontecimientos por cada 100.000 habitantes.

“Las acciones tomadas no están dando los resultados, solamente como ejemplo; los indicadores más confiables y reconocidos a nivel internacional  es la tasa de homicidios y ese 25 es sin precedentes. Una señal bastante clara que decisiones son muy coyunturales, reactivas y aisladas no con una política de prevención”, reflexiona la experta en seguridad Johanna Espín.

Un criterio similar tiene Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), indica que pareciera ser que en Ecuador hay una falta de mirada estratégica y priorización de las acciones.

“La situación de seguridad en el Ecuador es más grave que nunca antes en la historia, creo que atrás de los hechos de coyuntura se evidencia sustancialmente que no hay una    noción de prioridad sobre las decisiones, de las perspectivas y objetivos. Lo que implica perder de vista las razones de fondo del porqué se hacen las cosas y una posición clara que diga qué estamos buscando en términos de seguridad”.

Desde que el presidente Guillermo Lasso está en el poder se han instaurado nueve estados de excepción enfocados exclusivamente a la seguridad con el fin de disminuir la violencia y el crimen que se presentó en determinados momentos. Sin embargo, esta no es la mejor medida tomada según los expertos,

“Falta urgentemente iniciar un verdadero proceso de depuración institucional que son necesarios que vaya más allá de un discurso y que para los efectos prácticos nunca se han dado”, menciona Pérez.

Para él, lo que mejor se ha hecho en los últimos años es rescatar las líneas de cooperación con Estados Unidos, porque son el actor predominante de la región y se requiere de “apoyo técnico, cooperación material, equipamiento, doctrina para garantizar que esos procesos en el sector de la seguridad operen en un sentido razonable”. No obstante, identifica que el apoyo internacional se vuelva eficaz cuando los trabajos son “realizados a ciegas sin tener el norte de qué es lo que estamos buscando. Sí es positivo en su esencia pero en sus resultados es deficitario”.

Mientras que el abogado penalista Julio César Cueva pondera que la mejor medida adoptada en el país fue entrar a la cárcel Regional en la provincia del Guayas y hacer una requisa, pero que la peor medida fue “haber entrado solo una vez y a un solo pabellón cuando debió entrar a todos y hacerlo todas las semanas”.

Cueva, Pérez y Espín concuerdan con la formulación de una política pública de seguridad para que sirva como manual en la toma de decisiones.

“El reaccionar frente a lo que ha ocurrido nos lleva a estos niveles de violencia tan altos que los seguimos observando en 2023, yo sí tengo mis dudas de    lo que se realizó en 2022 y que ello dé un giro importante”, enfatizó Espín.

Además se ponderó que otra muestra de la “falta de norte” en la política pública que se implementa es que    los esfuerzos de las instituciones que tienen que ver con la seguridad son individuales y no están articulados. “Es lamentable y preocupante la verdad, porque reflejan que no hay un horizonte claro y repercute en los niveles de violencia y de temor ciudadano que ya vivimos”.