Hasta octubre de 2022 al menos 53 militares fueron sancionados por los casos del radar de Montecristi y Big Money. Pertenecen a las distintas fuerzas. En algunos casos, prefirieron pedir la baja voluntaria de las filas.

Ellos forman parte de un universo de alrededor de 250 uniformados para quienes se iniciaron expedientes administrativos. El 7 de noviembre de 2021 el radar instalado en el cerro de Montecristi menos de 15 días antes, sufrió un atentado que lo dejó fuera de servicio.

¿Qué provocó la explosión? Aún se desconocen las causas. El caso se encuentra en investigación previa en la Fiscalía de Manabí. El Comando de Operaciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) presentó una denuncia por posible sabotaje y la Fiscalía abrió un expediente y ha practicado una serie de diligencias, recibido versiones y actos urgentes. Ahí se formó una comisión con expertos en explosivos y otros profesionales. Eso en el campo penal.

Mientras que en el ámbito administrativo y disciplinario se iniciaron expedientes para nueve oficiales y 16 aerotécnicos. De los 25 investigados, tres desvirtuaron las sospechas y para 22 hubo sanciones.

Carlos Espinosa, coordinador de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, indicó a EXPRESO que en el proceso se determinaron varios tipos de faltas. Entre ellas, no observar ciertas normas y procedimientos administrativos y técnicos.

Eso significa que “para hacer el traslado de un radar de una jurisdicción a otra tienen que observarse ciertas medidas de seguridad, ciertas medidas de procedimiento que permitan tener éxito en el traslado, ubicación y puesta en funcionamiento del radar”.

Eso se indagó a través de una junta investigadora de accidentes y una comisión especial. Los sancionados son 16 oficiales cuyas responsabilidades habrían sido incumplidas en este caso y seis voluntarios. Las penas se impusieron a partir de febrero (arrestos de rigor). El radar aún sigue en mantenimiento en Cotopaxi. Ellos formaban parte de los 25 militares para quienes se abrieron procesos disciplinarios tras la explosión de un componente del radar instalado a finales de octubre de 2021 en el cerro de Montecristi, en la provincia de Manabí.

Además del caso del radar, otro que implicó sanciones a militares fue el denominado Big Money, que tiene dos partes.

Una corresponde a quienes permitieron el paso de cuatro personas ajenas a la institución militar el 7 de abril, cuando el militar retirado Miguel Nazareno, dedicado a la captación de dinero, llegó al Complejo Ministerial.

Se inició un expediente administrativo y los procesos sancionatorios para los militares. Nueve fueron sancionados de entre quienes estaban de guardia o debían custodiar el parqueadero donde fueron encontrados los cuatro sospechosos.

Entre ellos estuvo un coronel a quien se señaló por la demora en la actuación cuando fue informado de la presencia de los civiles en el parqueadero. “No es que no hubo acción pero, por no tener respuesta inmediata, fue sancionado con tres días de arresto de rigor”. Ese fue el fin de su carrera. Pidió la baja a pesar de las posibilidades de ascenso que tenía el uniformado.

Finalmente, por el caso Big Money de Babahoyo se iniciaron 216 procesos, para siete oficiales y 209 voluntarios. Fueron sancionados 22 voluntarios con arrestos simples. Nueve militares solicitaron la baja voluntaria.

Muchos van a la justicia

Muchos de los sancionados han acudido a la justicia ordinaria con acciones constitucionales con las que buscan evitar que las penas queden en firme o vayan a sus expedientes personales. Con recursos, incluso han vuelto a las filas militares uniformados separados por posibles delitos o faltas durante el ejercicio de sus funciones.