La semana pasada, en el sur de Quito, hubo tráfico pesado. Parecía un día normal de actividades, eso, a pesar de las restricciones impuestas a la circulación vehicular según las placas de los carros. Circularon largas filas de camiones, camionetas y vehículos privados.

Casi todos tenían salvoconducto. Y en esas condiciones las tareas de control de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se hicieron más complicadas. Es que la emergencia sanitaria declarada para contener el avance del COVID-19 no frenó las salidas de los capitalinos.

Durante la emergencia sanitaria todos se convirtieron en médicos, están enfermos, se volvieron comerciantes o todos son militares, comentó una fuente del Municipio de Quito.

Hubo personas que usaron el salvoconducto para ir a cobrar deudas en otras ciudades. Ayer, en el Valle de Los Chillos, en una fila para adquirir alimentos, una persona dijo que solo fue a buscar una paca de tabacos porque en ese supermercado es más barato. Otros fueron por limones o carne para la comida del día.

Para llegar al centro de abastos utilizaron sus vehículos, no les importó hacer cola desde las 06:00 hasta las 07:30 que empezó la atención y tampoco reconocer que van casi todos los días.

La facilidad con la que se puede obtener un salvoconducto en la página web del Ministerio de Gobierno habría abierto la puerta a una obtención indiscriminada del documento. Situación que complica a los agentes a la hora de ejercer los controles.

Hasta el domingo 5 de abril, en el país fueron sancionados 3.457 conductores de vehículos por incumplir la restricción vehicular. El incremento de vehículos en las calles y de mayor flujo de personas se registró en distintas ciudades.

En Quito, la AMT tuvo que incrementar los operativos. El sábado 4 de abril hubo 49 acciones para verificar la restricción y uso de salvoconductos. Hasta el 3 de abril se habían realizado un promedio de 33 controles diarios. Las personas salieron a pesar de las advertencias de las autoridades nacionales y locales que buscan frenar la propagación del COVID-19.

Desde el 17 de marzo hasta el 4 de abril en Quito se ejecutaron 644 operativos con 1.467 personas sancionadas con multa del 30 % del salario básico y la reducción de seis puntos en la licencia por no acatar la disposición de las autoridades.

La sanción se establece en el artículo 389 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se impone al conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito.

Solo el sábado se revisaron 2.962 vehículos y 246 conductores fueron sancionados. El domingo hubo un operativo especial en La Delicia y Calderón, en el norte de Quito, ante la afluencia de personas. Situación que, según las autoridades, incrementa el riesgo de contagios.

De los 664 vehículos revisados, 118 fueron citados por incumplir la normativa. Para ejercer los controles se destinaron 56 agentes que ejecutaron cierres en las vías cercanas a los centros de abasto para evitar incidentes y aglomeraciones, verificaron el uso de salvoconducto.

El director del Observatorio de Movilidad, Cristóbal Buendía, señala que el uso de los documentos para un fin distinto al que fue obtenido puede incurrir en dos problemas dentro del campo jurídico. Uno es un posible uso doloso de documento falso sancionado por el COIP y otro implica que las personas estarían atentando contra la salud pública, dado que la cuarentena busca evitar la propagación de la pandemia.

Buendía refiere que la conducta de las personas hace que se haga un mal uso y que no se tome conciencia de su objetivo porque la norma es clara en los casos que se pueda obtener.

Sugiere que para la obtención del documento la declaración de la actividad que se ejerce tenga la condición de declaración juramentada para que, si existe mal uso o adulteración de datos que sustentan el documento, también haya una consecuencia por perjurio.

Según el protocolo de obtención del salvoconducto, aplica al sector de exportaciones y cadenas logísticas, provisión de alimentos, de abastecimiento a supermercados, tiendas, abarrotes, fruterías, carnicerías, panaderías, mercados, farmacias, empresas de producción de empaques de alimentos, insumos de limpieza e higiene, almacenes de suministros de cadenas agrícolas y camaroneras, entre otros.