Sacar a PPL del grupo prioritario no garantiza la seguridad en Ecuador

El 18 de febrero de 2022 se presentó la primera política carcelaria del Ecuador. En aquel entonces, se explicó que la normativa estaba enfocada en los derechos humanos, con el objetivo de eliminar las mafias que operan en las prisiones y establecer una verdadera rehabilitación social en los centros penitenciarios del país.

Esto ocurrió tras 13 masacres que dejaron cerca de 500 personas privadas de libertad (PPL) fallecidas, una situación observada y cuestionada por organismos internacionales, los cuales identificaron sistemas de extorsión y vulneración constante de derechos.

La ausencia del Estado se evidenció también en la falta de avances en las investigaciones para determinar responsables y dictar sentencias por las muertes masivas.

Dos años después, en mayo de este año, Human Rights Watch (HRW) emitió una carta dirigida al presidente Daniel Noboa, expresando su “enorme preocupación” por la situación de derechos humanos en Ecuador e instando a adoptar políticas de seguridad efectivas en medio del “frágil sistema de justicia del país”, especialmente en las prisiones, que desde enero están bajo control militar.

Ahí se pidió primero resolver los “problemas de larga data como el hacinamiento, retrasos en la tramitación de beneficios penitenciarios, acceso a servicios básicos, falta de un programa serio de rehabilitación social y el reducido número e inadecuada capacitación de los guías penitenciarios, entre otros”.

Asimismo, hace dos semanas, Amnistía Internacional hizo un llamado al gobierno por las denuncias de falta de acceso a servicios básicos como alimentación, agua y medicamentos para los PPL, quienes son consideradas una población prioritaria porque está bajo cuidado del Estado ecuatoriano.

No obstante, ante estas advertencias, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció en la noche del 6 de noviembre que por décadas, “el sentido de la justicia no ha existido cuando se trata de la distribución de recursos y servicios públicos”.

Por ello, envió una propuesta de reforma parcial a la Constitución para “corregir este error” y “remover a las personas privadas de libertad de los grupos de atención prioritaria. Prioridad solo para quienes lo necesitan y lo merecen”.

Estas declaraciones fueron calificadas como desatinadas por el experto en seguridad, Diego Pérez, quien señala que este tipo de anuncios amplía las brechas existentes en varios aspectos.

“Para que las cárceles funcionen adecuadamente, se deben diferenciar tres aspectos: 1) seguridad más inteligencia penitenciaria; 2) rehabilitación social; y 3) administración carcelaria. Esta medida no contribuye en ninguno de estos ámbitos. Solo simplifica el discurso entre buenos (que deben tener derechos) y malos (sin derechos), y así no es”, concluyó Pérez.

Noboa busca aceptación en tiempo de elecciones

Renato Rivera Rhon, director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, cuestiona que “se trata de medidas improvisadas que se toman en un contexto electoral”.

Añade que para obtener resultados positivos en seguridad ciudadana, interna y pública, es urgente que las “políticas penitenciarias tengan dos grandes pilares: control y rehabilitación social. No he visto ninguna de las dos”.

Por su parte, el abogado penalista Julio César Cueva señaló que la propuesta de reforma es “inconstitucional y regresiva en derechos”, y subrayó que el anuncio, además de carecer de estudios técnicos, “es totalmente electoral” y busca ganar simpatía de cara a las elecciones generales de febrero próximo.

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