Presuntos actos de corrupción en la compra de insumos médicos para los hospitales, dos leyes urgentes en debate en la Asamblea y un manejo de la crisis con notables fallas. El secretario general de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, conversó con EXPRESO, a través de una videollamada, sobre estos y otros temas.

El coordinador de la Comisión Anticorrupción de Guayas, Ricardo Ramírez, asegura que usted aconsejó al presidente Lenín Moreno a crear el sistema unificado de compras públicas. Y dice él, que el objeto será “robar en grande y en un solo negocio”. ¿Qué responde?

El sistema lo que busca es sacar la compra pública de 700 instituciones y pasarlas a cuatro. Esas cuatro pueden, primero, garantizar que no haya una falta de insumos hospitalarios como el que yo he vivido en hospitales de todo el país... Lo venimos pensando hace ocho meses y no soy el autor. Quien lo pensó fue Silvana Vallejo, la directora de Compra Pública. No conozco a quien usted menciona y la verdad es que no se me ocurre a quién se le puede ocurrir una barbaridad de cómo un espacio de compra unificado pueda generar mayor corrupción que 700 que no pueden ser conservados a la vez.

La Comisión habla de la existencia de una “red mafiosa” en los hospitales. ¿Coincide?

Lo que le pido es que cualquiera de esas denuncias deberían ser presentadas a la Fiscalía... De hecho, le urjo a hacerlo al señor (Ramírez) porque es lo que hago cuando veo que hay actos de corrupción y lo que hace el Gobierno cuando los encuentra.

¿Pero al ver todos los casos que aparecen de contratos con sobreprecios, puede ser que lo que expresa la Comisión tenga algo de sentido o no?

Por supuesto y por eso es que estamos quitándoles a 700 instituciones la posibilidad de compra... y, por tal razón, se pueda hacer una veeduría más cuidadosa.

Con respecto al manejo de la crisis sanitaria quisiera enfocarme en los casos de personas que fueron declaradas fallecidas y ahora aparecen vivas. ¿Quién o quiénes fallaron?

La pandemia asoló a Guayaquil mucho más que el resto del país. Lo que planteamos como contención para el resto del país funcionó mucho mejor en el resto que en Guayaquil… Jorge Wated y el gobernador Pedro Pablo Duart, en nombre del presidente, pidieron a la Fiscalía investigar. Esto no es un tema de fácil tratamiento. Si es que ha habido responsabilidades tiene que ser la fiscal la que investigue y pida a los jueces sancionar.

Hay familias que ya amenazan con demandar al Estado...

Me parece que tendrán que hacer las demandas que necesiten, porque hoy cuentan con un justicia independiente.

Sobre las leyes urgentes en la Asamblea. Llama la atención que el Gobierno califique como una contribución a algo que parece un impuesto. ¿Por qué?

Porque no será manejado por fondos públicos. Lo que vamos a hacer es que los privados tengan un directo manejo para apoyar a las empresas y ciudadanos. Un impuesto lo que haría es permitirnos manejar ese dinero para utilizarlo en gasto público.

¿Y cómo nos garantizarán el buen uso de esos recursos?

Por eso vamos a nombrar personas del sector privado que garanticen la transparencia del manejo y además que eso vaya a donde tiene que ir: a la reactivación productiva.

¿Cuál es la necesidad de invocar la muerte cruzada?

No la hemos invocado.

La ministra Romo dio a entender que es una carta sobre la mesa...

Porque si está en la Constitución es una posibilidad. Sin embargo, no es una posibilidad en este momento. Ni el presidente lo ha planteado.

¿Es una manera de presionar a la Asamblea?

No... El correísmo está peleando con fuerza para tumbar las dos leyes porque temen que se desenmascare todo lo que hicieron.

Entiendo que están dispuestos a invocarla en el caso de que estas dos leyes no pasen...

Usted está usando sus palabras. Estoy diciendo es que la muerte cruzada es un recurso en la Constitución.