La incertidumbre campea por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Tras una intensa lucha legal entre las centrales sindicales por la vocalía de los asegurados en el Consejo Directivo del Seguro Social, la pugna aparenta tener un ganador: el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Richard Gómez Lozano, quien ya ha empezado a participar en las sesiones del organismo.

Así lo confirmó el Seguro Social a Diario EXPRESO e indicó que, en cumplimiento de la sentencia del juez Carlos Bowen, de Quevedo, que dispuso la calificación y posesión de Gómez, emitió la acción de personal para el registro de su nombramiento como vocal el 29 de diciembre de 2022. Sin embargo, juristas alertan que la presencia de Richard Gómez pone en vilo las decisiones del Consejo Directivo.

“Todo esto tiene que revertirse. Este nombramiento a dedo (de Richard Gómez) carece de legitimidad”, explica Manuel Muñoz, presidente de la Confederación de Jubilados y Pensionistas, quien además señala que el mayor peligro que ahora enfrenta el Seguro Social es que Gómez incida en decisiones trascendentales para la entidad.

Y ya empezó. Gómez declaró a este Diario que él ya participó en la sesión del Consejo Directivo del Seguro Social del 31 de diciembre de 2022, en la que el organismo aprobó el presupuesto de la institución para 2023. Sin embargo, en dicho documento no consta la firma electrónica de Gómez, sino solo del presidente del Consejo Directivo, Alfredo Ortega; de la representante de los empleadores, María de los Ángeles Rodríguez; y del director general del Seguro Social (que aparece en el documento como secretario del Consejo), Diego Salgado Ribadeneira.

Pese a que Gómez se abstuvo en dicha votación y el presupuesto del IESS fue aprobado por la mayoría del Consejo Directivo (Ortega y Rodríguez), Patricia Borja, jurista especializada en temas de seguridad social, indica que los vicios legales que hay alrededor del nombramiento de Gómez pueden traer consecuencias para las decisiones que tome el organismo del Seguro Social.

“Si llegara a ser revocada la sentencia del juez de Quevedo, como debería pasar, todo lo actuado por Gómez sería ilegal porque nunca debió existir la sentencia y, por ende, nunca debió llegar a la vocalía de los asegurados”, sostiene Borja, quien precisa que eso se sabrá cuando la Corte Provincial de Los Ríos tramite la apelación que interpuso la Superintendencia de Bancos en diciembre de 2022.

Asimismo, sobre el nombramiento de Gómez sin la necesidad de realizar algún “acto administrativo de posesión”, como el Instituto indicó a este Diario, Borja señala que las autoridades del IESS “han interpretado las reformas a la Ley de Seguridad Social a su antojo para darle sentido a la presencia de Richard Gómez en el Consejo Directivo”.

Esto debido a que las centrales sindicales que respaldan a Gómez motivaron su acción de protección argumentando que él había sido electo antes de que las reformas a la normativa entren en vigencia y, por ende, se acogía al Decreto Ejecutivo 571 del presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, para justificar la presencia de Gómez en el Consejo Directivo, el IESS señala que la reformada Ley de Seguridad Social no estipula el acto de posesión como requisito para los vocales principales.