Ricardo Zambrano: “Hay negocios entre servidores y Estado”

Ha investigado los casos de corrupción en la función pública y privada en su provincia de Manabí. Ricardo Zambrano, asambleísta de PAIS y presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, conversó con EXPRESO sobre las embarcaciones chinas en Galápagos y las empresas de funcionarios que contratan con el propio Estado.

-Usted convocó al ministro de Defensa Miguel Carvajal para que explique sobre las embarcaciones chinas que pescan en Galápagos.

-Queremos conocer si esos barcos tenían permiso para pescar en aguas ecuatorianas, si pescaron en zonas prohibidas y qué empresa provee de combustible a esa flota. Esperamos llegar hasta las últimas consecuencias para determinar cuáles son las responsabilidades en actos que estén al margen de la ley.

-En Manabí se acusa al prefecto Mariano Zambrano y a su hijo, Mariano Zambrano, legislador de PAIS, de poseer empresas que tienen contratos con el Estado.

-Sí. Según la Superintendencia de Compañías, Marzam es una empresa de ambos que se dedica al transporte de combustible en alta mar. El accionista principal es el prefecto, que tiene el 30 % de las acciones, mientras que su hijo tiene un porcentaje de acciones marginal.

-Hay un informe del gerente de Celec que declara desierto el último contrato con esa empresa Marzam.

-Se declara desierto el servicio de transportación en alta mar porque se alude a la norma de Contratación Pública que impide hacer contratos con funcionarios del Estado. Llama la atención por qué no se observó la ley para los contratos que se firmaron entre Celec y la empresa del prefecto.

-¿Cuántos contratos se firmaron entre Celec y Marzam?

- Según el registro, hay cuatro contratos firmados entre Marzam y Celec. Por ejemplo, hay uno suscrito en 2012, por 18’683.701 dólares. Otro con Petroecuador 2016, que no tenemos el monto.

-La ley prohíbe esos contratos.

-Manabí exige un baño de verdad porque esos casos se han repetido. Por ejemplo, ocurrió con el dirigente de Senagua en la provincia, Wilson Mendoza, que es servidor público, y utilizó a su propia empresa para contratar con el Estado. Otros han utilizado el nombre de sus cuñadas para contratar con el Estado, cuando ellos trabajaban en la empresa contratante.

-¿Por qué se dan esos casos?

- Ha faltado vigilancia por parte de las autoridades nacionales a sus representantes en las provincias. Se necesita una auditoría para conocer si esos ministros conocían o no esas irregularidades.

-¿Cómo afectan esos negocios entre el Estado y sus servidores públicos a los ciudadanos?

-En esos contratos se manejan comisiones para los beneficiarios y se cortan los presupuestos para la salud, educación. La ética debe prevalecer.