Dos días y medio después del anuncio de libertad, Ricardo Rivera, el tío del exvicepresidente Jorge Glas, salió de la cárcel de Guayaquil, aproximadamente a las 23:30 del jueves pasado.

Así lo confirmó su abogado, Aníbal Quinde. Rivera fue sentenciado por asociación ilícita en el caso Odebrecht. El juez Luis Jiménez Velema otorgó el régimen semiabierto solicitado el pasado 31 de mayo de 2021.

Esto implica que deberá usar grillete, no puede salir del país y tiene límite de desplazamiento solo dentro de su provincia de residencia, Guayas. Podrá ir a Quito solo para el cumplimiento de diligencias judiciales y a otras partes del territorio solo con justificación y posterior autorización de juez.

Esta libertad condicional, que cuenta con otros parámetros de cumplimientos obligatorios y prohibiciones como beber alcohol o reunirse con otros investigados en la trama de corrupción de Odebrecht, ha levantado una polvareda de críticas en la comunidad, que señala el hecho como “impune”.

Sobre estas posturas, la líder del correísmo, Marcela Aguiñaga, ha expuesto que “los derechos humanos no deberían estar sujetos a las subjetividades de la opinión pública”. A decir verdad, y de acuerdo a varios abogados, Rivera se sirvió de una herramienta legal que le otorga el derecho de salir del encierro bajo condiciones, tras cumplir el 60 % de su condena.

Así lo explica el catedrático y exasambleísta por el Partido Social Cristiano Henry Cucalón. “Aunque su sentencia por asociación ilícita causó náuseas, ha utilizado herramientas del Código Penal a su favor”.

Recuerda, no obstante, que de las sentencias de Odebrecht se deben derivar otros procesos. Fiscalía aún investiga a Rivera por lavado de activos, por ejemplo, según confirmó ayer su abogado a este medio. Cucalón dice que para eliminar cualquier vestigio de presunta impunidad, es necesario avanzar con ese proceso y con los otros procesos derivados.

Con aquellos procesos de la trama, observa, “se pudieran conseguir sentencias más altas, pero eso aún no está en nada. La Fiscalía debe explicar qué pasa con los demás procesos”.

El abogado y activista Pedro Granja coincide en que es completamente legal la medida, y observa que muchos pedidos de este tipo, que no son tan populares como el de Rivera, quedan archivados por años.

“De hecho, el mismo trato de Rivera debería darse a otros privados de la libertad. La crisis carcelaria está grave, hay que evitar el hacinamiento y una forma es el indulto a delitos menores y a quienes han cumplido el 60 % de la pena”, dice.

Apunta también en que la clave ahora es la recuperación de activos. “Perú, Argentina, Colombia, Brasil, como Estados, han recibido indemnizaciones, por la empresa y por los implicados. Ecuador no tiene la misma suerte”, lamenta.

El también abogado Joselito Argüello insiste en que sí hay procesos que no se han movido por el cometimiento de otras infracciones. “Habría que hacer un análisis de la pasividad en los temas que no avanzan”, observa. El abogado de Rivera insiste en que el caso de lavado sí avanza.

El rumbo de Rivera durante esta nueva etapa será completa responsabilidad del SNAI, ha expuesto el juez entre las condiciones entregadas.