Una declaratoria de emergencia a las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) no fue suficiente para acelerar las gestiones y reparar los daños de los atentados terroristas de noviembre de 2022. Se cumplió el plazo en febrero de 2023 y la obra no llegó. En esa ocasión, las autoridades se justificaron argumentando retrasos en las compras públicas e hicieron otro anuncio mucho más ambicioso.

Se dijo que no solo serían atendidas las UPC que sufrieron ataques, sino que otras 81 en las ciudades más conflictivas del país iban a ser priorizadas, porque no cumplían las condiciones para su funcionamiento y eran un blanco fácil de ataques.

Ahí se prometió la implementación de fachadas con muros de protección y cerramientos blindados, además de las reparaciones necesarias por el paso del tiempo. Todo esto por un valor cercano a los $ 9 millones.

Cinco meses después aún no se cumple este anuncio. El ministro del Interior, Juan Zapata, dijo a Diario EXPRESO el pasado 5 de julio que los arreglos les competen a las coordinaciones zonales. Por ejemplo, en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) existen 20 UPC priorizadas y una Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) que deben entrar en este plan, pero hasta la fecha reciben algún cambio, ni por los atentados ni por daños tras su tiempo de uso.

El jefe de Policía zonal 8, William Villarroel, expuso también a este periódico que esperan recibir $ 920.000, pero que todavía desconocen cuándo los tendrán en sus arcas, pues están en proceso de aprobación.

“Vamos a recibir unos 920.000 dólares para el arreglo de 19 UPC en toda la Zona 8 y ese proceso está por adjudicarse. Estamos en el proceso de calificación y en los próximos días vamos a conocer (los resultados). Si no hay reclamos, se continúa con el proceso y los recursos estarían la próxima semana”.

En la Zona 8 existen 164 UPC y siete UVC, las mismas que esperan su respectivo mantenimiento. Pero según lo prometido por el Ministerio del Interior, ya no existirán más edificaciones de este tipo porque no tienen capacidad para albergar a los 30.000 policías que se deben graduar hasta el año 2025, según el plan de seguridad del actual régimen.

En febrero pasado se prometió también la creación de cuarteles intermedios del tamaño de al menos una hectárea, para albergar hasta 450 uniformados según su capacidad. El presupuesto para esta obra era de 150 millones de dólares y de acuerdo con lo dicho en aquel entonces, “ya estaba listo ese presupuesto y en seis meses ya estarían en funcionamiento”.

En ese momento se enfatizó que ya se había hablado con 15 alcaldes para la donación y expropiación de terrenos. Pero a inicios de julio, Zapata volvió hablar con EXPRESO y recalcó que no hay ni financiamiento ni recursos definidos.

Se analiza solicitar ayuda a la Cancillería para que consiga apoyo de embajadas y de organismos multilaterales, con el fin de concretar la obra para el siguiente gobierno. Porque en la actualidad se trabaja en acciones por la eventual llegada del fenómeno de El Niño.

Hoy por hoy, solo se ha asegurado desde el Municipio de Machala y el de Guayaquil que se van a entregar los espacios, pero tampoco se ha especificado mayor detalle de los mismos.

En tanto que Villarroel aún desconoce en qué lugar se designaría la creación del primer cuartel intermedio para Guayaquil. Por lo pronto, los nuevos graduados se alojan en campos de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Según la necesidad de espacio, no solo estarán allí sino en albergues y, en el último de los casos, se mantienen conversaciones con la Federación Deportiva del Guayas.

En 2021 había 51.000 policías en todo Ecuador, para diciembre de 2022 aumentaron a 51.853 y en junio pasado alcanzaron los 59.000. Se espera que al cierre de 2023 haya un total de 65.000 uniformados. La meta para el año 2025 es contar con 80.000 policías en todo el Ecuador.