Amotinamiento. Para restaurar la normalidad en la cárcel de Cotopaxi tuvieron que intervenir el UMO y el GOE.

Reos abusan del habeas corpus

Privados de la libertad se han beneficiado del recurso para conseguir cambios de pabellones. La Judicatura aún no ha creado jueces de ejecución de penas.

Jueces laborales, penales y otros convertidos en constitucionales, han dispuesto traslados de privados de la libertad de pabellones de máxima seguridad a mínima. Ordenan cambios del área de Tratamiento Especializado por Dificultades de Adaptación (Teda) al de mediana seguridad.

Lo hacen con habeas corpus concedidos a internos que han sido aislados por su mal comportamiento o peligrosidad. Esas decisiones, en muchos casos, han incidido en los hechos violentos y amotinamientos registrados al interior de las cárceles que se han saldado con asesinatos y heridos.

El último caso se registró en el Centro Regional de Cotopaxi el lunes 22 de julio. A las 08:00 hubo un amotinamiento. Desde la Panamericana se podía apreciar a los reos subidos en los techos de los pabellones luciendo sus ropas anaranjadas. Se veía el humo de los colchones quemados.

¿Resultado? Dos muertos y un policía herido. Las actuaciones de los jueces fueron de nuevo observadas en esta ocasión por el general Edmundo Moncayo, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI).

Se refirió al caso de Jonathan Rodríguez, uno de los muertos. Él recibió un habeas corpus de un juez de trabajo de Latacunga para salir del Teda al que fue llevado por ser una persona de difícil adaptabilidad.

Rodríguez le dijo al juez que en el traslado sin motivo lo agredieron, le prohibieron todo, que no puede comunicarse con sus compañeros. Aseguró que el agua se coge del baño para bañarse, pero que no hay para tomar. Explicó que lleva 10 años preso y que ya está cerca de cumplir su sentencia para irse.

Insistió en que quisiera saber los motivos y con qué propósito está en ese lugar. Afirmó que le da mucho miedo, que ni siquiera hambre le da y que no se siente seguro en ese sitio.

La defensa del director del Centro Regional en cambio explicó al juez que Rodríguez está preso desde el 5 de noviembre de 2009 por asesinato.

Justificó que el sitio al que fue llevado tiene un tratamiento especializado por dificultades de adaptación. Habló de informes que justifican el cambio por un análisis de la Unidad de Investigación e Inteligencia Penitenciaria. Pero para el juez pesó más la explicación del reo y resolvió en “consecuencia dicho traslado deviene en arbitrario”.

El catedrático y penalista Pablo Encalada cree que hay un abuso del recurso. Al abogado le parece “que el habeas corpus no está diseñado para esos problemas. Lo relacionado a la ejecución de penas deben resolver los jueces de ejecución de penas”. Pero el Consejo de la Judicatura aún no los ha creado y es por esa razón que son los jueces penales quienes tienen que velar por los derechos de los presos.

Las quejas en contra de las actuaciones de los jueces en determinados casos no son nuevas. Las han presentado por escrito, ante el Consejo de la Judicatura, la Policía, la Fiscalía, la Contraloría, el Ministerio del Interior, entre otras instituciones.

Moncayo fue el último en señalar que los jueces conceden habeas corpus a los presos aún cuando hay informes de riesgo. De las quejas enviadas a la Judicatura no se conocen mayores resultados, señala la ministra del Interior María Paula Romo.

EXPRESO consultó al Consejo sobre las acciones impulsadas en esos casos. Hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

Datos

Reunión urgente

La ministra del Interior María Paula Romo espera reunirse hoy en su despacho, a las 16:30, con las autoridades de justicia. Hay una preocupación: fiscales están haciendo una interpretación de la ley.

La interpretación

Los fiscales, especialmente en Los Ríos en donde se han producido más muertes, están haciendo una interpretación de la norma según la cual tienen que hacer tres notificaciones antes de pedir una boleta de captura.

Los invitados

Los convocados a la reunión de esta tarde son las autoridades de la Judicatura, la Corte y la Fiscalía.