El reemplazo del Presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se dilata. El titular del Consejo de la Judicatura (CJ) cesó en funciones a cuatro jueces, y el titular de la entidad, Álvaro Román, anunció que solicitó a Iván Saquicela que se nombre a los conjueces que reemplazarían a esos magistrados. Se lo realizará a través de un sorteo.

La decisión generó que se reduzcan a 11 los jueces titulares, “por lo cual no existe quórum para elegir a Presidente de la Corte ni para reunir al Pleno”, dijo horas después Saquicela.

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Las decisiones de Judicatura provocarían que la designación de los nuevos jueces tarde entre 6 y 8 meses.

El constitucionalista André Benavides señala que al menos un medio año tomarían las etapas de verificación de requisitos, fase de méritos (académicos) y de oposición (pruebas) e impugnación. Aclara que todo dependerá de la reglamentación que establezca el CJ, pues con la anterior Judicatura de Wilman Terán “incluso había pruebas de confianza. Se debe ver cómo estructuran el proceso como tal y los pasos que se van a seguir”.

David Ochoa, experto en Derecho Constitucional, coincide y estima que la designación podría alargarse un par de meses más por las impugnaciones para verificar que no haya algún incumplimiento en este caso.

El especialista opina que lo más acertado sería acatar lo que disponga el Pleno de la Corte “porque la respuesta del Procurador es una respuesta directa a una consulta de Saquicela” sobre la prórroga en su cargo y en la de otros jueces.

Saquicela señaló el lunes que la decisión de la Judicatura provocó “una situación jurídica muy compleja para decidir quiénes reemplazan en el despacho a los jueces” y advirtió del riesgo de dejar desatendidos casos relevantes en el ámbito penal, como son los procesos que lleva a cabo la Fiscalía.

Con ese antecedente, la aún máxima autoridad de la Corte solicitó al CJ “que se expida inmediatamente la respectiva acción de personal de prórroga de funciones del presidente de la Corte”, para que rija desde este martes 6 de febrero. Hasta el cierre de esta nota no había una respuesta de la Judicatura.

Benavides señala que este tipo de problemas surge porque en el país “tenemos tantas leyes y tantas disposiciones que son contradictorias. Es la puerta a diversas interpretaciones”.

El analista político Pedro Donoso opina que estos hechos se generan por “una guerra entre las Funciones del Estado desde el 2022 entre el Consejo de Participación, Fiscalía, Asamblea, etc”. Para el consultor, “sobre todo la Justicia está en disputa”. Acota que sería interesante analizar cómo queda el mapa de poder y ver si el Gobierno de Daniel Noboa ocupa uno de esos espacios.

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