Fueron convocados para hablar de su gestión y aprovecharon para lamentarse por el presupuesto de 2020. La Asamblea Nacional escuchó ayer la rendición de cuentas de tres entidades y una función del Estado. Ninguna dejó de hablar de los recortes que aplicó el Gobierno central.

El primer turno fue para la fiscal general, Diana Salazar. Arrancó revelando que a la fiscalía le hacen falta unos 541 fiscales (hay 838 en la actualidad) para ponerse a la par de la media regional. Esto en medio de una realidad: la entidad funcionará con siete millones de dólares menos que el año pasado.

La funcionaria explicó que por las manifestaciones de octubre pasado se han abierto 823 causas y ya hay dos sentencias. En temas de lucha contra la corrupción, Salazar dijo que están en proceso 669 causas con fuero de Corte Nacional de Justicia: 634 están en investigación previa; 17 en instrucción fiscal, nueve tienen sentencia y tres están pendientes de lectura de sentencia.

También resaltó que las investigaciones por lavado de activos han permitido incautar cerca de $ 29 millones y $ 14 millones más en otras investigaciones en las que se aplicó la figura de órdenes especiales para asegurar esos recursos irregulares.

“Para 2020 el presupuesto aprobado por esta Asamblea Nacional para la Fiscalía es de $ 138 millones, casi siete millones menos que el asignado para 2019. Mientras la criminalidad aumenta, nuestra capacidad de reacción se ve mermada”, dijo Salazar.

El siguiente turno fue para el contralor Pablo Celi que en nombre de la Función de Transparencia y Control Social señaló que tienen “un límite de presupuesto escandaloso”. Este bajó a $ 93.000 este año lo que hace pensar a los integrantes de esta instancia estatal que hay la intención de mermar su trabajo o desaparecerla.

En 2019, esta Función asegura haber entregado a la Fiscalía 361 casos con indicios de responsabilidad penal y haber ejecutado 19 mil acciones de control, la mayoría a cargo de la Contraloría.

Ante el pleno del Legislativo acudieron también la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, que además del recorte presupuestario puso énfasis en rechazar que una persona que aseguró no es funcionaria de esta institución se haya tomado el nombre del Consejo para intentar negociar notarías.

El último turno fue para la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, que habló ante el pleno al que probablemente le toque regresar pronto en el marco del juicio político que se tramita en su contra.

El Código de Seguridad va a debate

La Asamblea Nacional inició ayer el primer debate de las reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP).

Con esta propuesta se busca derogar el libro III de esta normativa en la que se creó un Servicio de Protección Pública y del Estado, funciones que para los legisladores son competencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El legislador de CREO, César Carrión, recordó que la idea del anterior Gobierno era crear un cuerpo civil armado “con tintes bolivarianos”, algo que para el asambleísta contraviene la Constitución. Considera que policías y militares están capacitados para brindar seguridad en todos los niveles.