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La remoción de Morales, en manos del PSC

Juan José Yúnez, alcalde de Samborondón, fue designado como tercer miembro de la Comisión de Mesa que deberá calificar la denuncia de la remoción

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Los alcaldes votaron porque Juan José Yúnez, de Samborondón, formara parte de la Comisión de Mesa.Cortesía

El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, fue designado la tarde de este 19 de junio como el tercer integrante de la Comisión de Mesa que deberá calificar y tramitar la denuncia de remoción en contra del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales.

Yúnez se une a la Comisión ya conformada por la alcaldesa de Jujan, Ángela Herrena, y el alcalde de Milagro, Francisco Asán, ambos del Partido Social Cristiano, organización política que apoyó la candidatura de Morales en las elecciones de 2019 y cuyos alcaldes impulsaron su remoción.

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Jackeline Ordóñez, alcaldesa de Colimes, fue la consejera que mocionó el nombre del burgomaestre de Samborondón en una sesión que fue convocada un día antes por la viceprefecta Susana González. Los asistentes eligieron a Yúnez de manera unánime.

"Comenzaremos a revisar el tema para comenzar el proceso de la destitución. Todos estamos de acuerdo, los 23 que estuvimos hoy. Revisaremos todos los procesos, los informes desde ya. Revisaremos todos los contratos que tengan que revisarse. Apenas tengamos un informe lo haremos conocer. Esto tiene sus tiempos", dijo Yúnez al final de la sesión.

Los 15 alcaldes socialcristianos que impulsaron la iniciativa de remoción lograron la adhesión de ocho consejeros provinciales más (tres alcaldes de otras tiendas políticas y cinco de los siete delegados de las Juntas Parroquiales ante el Consejo de su propia tienda). Lo que suman 23 miembros de los 34 integrantes con voz y voto en el Consejo, un voto más del necesario (las dos terceras partes del pleno) para censurar al prefecto Morales.

La denuncia de remoción fue presentada luego de que al prefecto Morales se le dictara medidas sustitutivas por el delito de tráfico de influencias, en el que la Fiscalía investiga la presunta asignación de contratos por parte de la Prefectura a familiares y  personas relacionadas con su círculo cercano.