El freno dio algo de frutos. El gobierno del presidente Lenín Moreno logró bajar el gasto en contratos sin controles, supervisión ni oferentes variados. El régimen especial, entre 2017 y lo que va del año, experimentó una caída considerable y llegó a los 4.866 millones de dólares. Una cifra que se considera menor si se toma en cuenta que en los cuatro años previos (de 2013 a 2016) se gastaron 10.773 millones de dólares en contratos ‘especiales’.

Es decir, la herramienta que se tramita de forma directa y sin una revisión previa movió más de 15.243 millones de dólares en poco más de ocho años. Diez veces más de lo que reciben anualmente las universidades de todo el Ecuador.

Según el portal de datos abiertos del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), el actual gobierno priorizó la compra de régimen común en una búsqueda de transparencia. Claro que, como evidencian los actos y denuncias de corrupción detectados en los últimos cuatro años, esa metodología no fue garantía de manejo público responsable.

En total, desde 2017 se firmaron 56.076 contratos de régimen especial con 13.042 proveedores. En el cálculo se incluye no solo al Ejecutivo, sino también a los gobiernos autónomos descentralizados (juntas parroquiales, municipios y prefecturas) y al resto de entidades estatales (Asamblea Nacional, Cortes, entre otras).

¿Quién se inclinó por la compra especial que esquiva supervisiones y controles? Dentro del gobierno, el principal contratista fue la empresa pública Petroecuador. Entre 2017 y este año, la entidad dirigida por Gonzalo Maldonado adjudicó contratos por más de 483 millones de dólares.

El Servicio de Contratación de Obras (Secob), que fue parte de las entidades nombradas para su eliminación, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) completan la lista de organismos atados a la administración de Moreno que más gastaron por régimen especial.

EXPRESO consultó con Petroecuador por el rubro adjudicado. La entidad encabeza el listado pero, si se compara con periodos previos, redujo considerablemente sus contratos en el actual gobierno. Los voceros de la petrolera explicaron que existe una política institucional que cumple con los “principios de la contratación pública del país”. Además, aclaran, en 2018 “la Secretaría de la Presidencia de la República dispuso se restrinja en los procesos de contratación los procedimientos de contratación directa y el uso del régimen especial”.

Durante el gobierno anterior, el régimen especial y el giro específico del negocio permitieron que Petroecuador firme contratos que ahora son parte de investigaciones de la Fiscalía por hallazgos de irregularidades que hizo la Contraloría General. La repotenciación de la Refinería de Esmeraldas y las construcciones de obras fueron adjudicadas sin concursos.