El regalo de Colombia al mundo

Tras cuatro largos años de conversaciones en La Habana (Cuba), el presidente colombiano Juan Manuel Santos negoció un final al conflicto armado que sucesivos gobiernos libraron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más resistente de América Latina. Se calcula que la guerra civil colombiana, que duró seis décadas, provocó la muerte de unas 220.000 personas y el desplazamiento de seis millones. Ponerle fin fue una notable hazaña diplomática, que hace a Santos merecedor del aplauso mundial. Debería ser, de lejos, el principal candidato al Premio Nobel de la Paz de este año. Tres importantes factores condujeron al acuerdo de paz: la mejora operativa de las Fuerzas Armadas colombianas, que permitió diezmar las filas de las FARC; el trabajo diplomático previo de Santos para arreglar las pasadas desavenencias de Colombia con el eje formado por sus vecinos Venezuela, Ecuador y Bolivia, que durante mucho tiempo dieron a las FARC apoyo logístico y político; y la nueva política cubana de reacercamiento a los Estados Unidos, que Santos supo poner al servicio de sus propios esfuerzos de pacificación. Logradas estas condiciones, lo siguiente era encarar la causa original del conflicto. Para ello, en junio de 2011 firmó, en presencia del secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, una ley sobre reconocimiento y reparación a las víctimas y restitución de tierras. La ley fue un hito que en un solo acto pacificó regiones violentas, hizo justicia a millones de campesinos desposeídos, mejoró radicalmente los niveles de vida y le quitó atractivo a un grupo guerrillero que usó la bandera de la reforma agraria para justificar incontables atrocidades. Esta ley, aunque imperfecta, ayudó sin duda a sentar las bases de la paz y la reconciliación nacional en Colombia. Inevitablemente, el régimen de justicia transicional empleado por el Gobierno de Colombia para poner fin al conflicto y reintegrar las FARC al proceso político colombiano tiene algunos detractores y dividió al electorado en aquel país. Sin embargo, el acuerdo firmado en La Habana es histórico e innovador, porque hace hincapié en la búsqueda de la verdad sin renunciar a la justicia. No se centra en la venganza y el castigo, sino en la idea de “justicia restauradora”, un principio usado por el arzobispo Desmond Tutu para describir la transición de Sudáfrica a un gobierno de mayoría después del apartheid. El modelo colombiano de justicia transicional reconoce que el único modo de lograr la reconciliación nacional es reparar y revitalizar las comunidades rotas por la larga y despiadada guerra. Es decir que en este modelo se prioriza a las víctimas, más que en cualquier otro proceso de paz de los últimos años. Para un líder democrático, negociar la paz es (perversamente) más arriesgado que librar la guerra. Santos superó obstáculos formidables, y el próximo será un plebiscito en octubre, en el que -ojalá- el pueblo colombiano reconocerá que su país le dio a un mundo atravesado por conflictos un nuevo modelo para la paz. La comunidad internacional debe tomar nota y ayudar a Colombia en la difícil transición que le espera durante la implementación de políticas adaptadas al nuevo acuerdo.

Project Syndicate