Se reduce y encarece la atencion privada de adictos

A sus 42 años de edad, Mariana ha tenido que lidiar con situaciones que nunca, ni en sus peores pesadillas, pensó vivir. Su hijo Andrés, de apenas 15 años, está sumergido en las drogas: es adicto a la H. Y como consecuencia ya no va al colegio, ni sale de casa. Está encerrado, atado a unas cadenas, porque de salir -justifica su madre- roba o se torna violento por culpa de la adicción.

Mariana, que por cumplir el rol de guardiana de su hijo se vio obligada a renunciar a su trabajo como lavandera (Andrés ha perdido hasta las ganas de comer), se queja del tratamiento que su niño -como lo llama- ha recibido. En los centros públicos “no le han dado más que sueros y terapias que no han logrado ningún efecto”. Y en los privados, donde ha querido internarlo, los costos han sido muy elevados o los espacios han sido clandestinos.

En el último que intentó ingresarlo, por ejemplo, a los chicos -le advirtieron- los curaban a punta de golpes. “No quiero que lo maten, prefiero prestarle al ‘chulco’ para que esté en un lugar seguro que meterlo allí. Es una opción que barajo”.

En la zonal 8, desde 2013, el Ministerio de Salud Pública dice haber atendido a un promedio de 2.800 jóvenes adictos por año en sus 87 Centros Especializados de Tratamiento para consumo de alcohol y otras drogas (Cetad). De ese total, solo tres internan a los pacientes, el resto ofrece servicio médico ambulatorio.

Esa realidad es la que preocupa a Mariana, más aún ahora que los centros privados suben sus costos para cumplir los requisitos de licenciamiento, solicitados por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS). Una exigencia a la que los directores de esos centros no se oponen, pero para la que solicitan tiempo, financiamiento y asesoramiento, como se publicó ayer en este Diario.

Este sector atiende al grupo de personas que no avanza a cubrir el sistema de salud público.

Los privados dicen atender anualmente a un aproximado de 1.380 personas con problemas de adicción, y eso si solo se cuenta a los consumidores recibidos en los 23 Cetad agremiados.

Pero el acceso a ellos es pagado y un alza en sus costos los puede volver inaccesibles para un sector de la población.

Yoconda Posligua lo sabe perfectamente. Ella tuvo que hipotecar su casa, vender su carro y recurrir a préstamos al banco para acceder a la rehabilitación de sus dos hijos de 10 y 14 años. “La recuperación de mis dos hijos me costó $ 45.000 en total, desde 2014 hasta hoy, aún mantengo una deuda de $ 10.000 con el banco”. Recuerda entre lágrimas que una vez incluso pensó en quitarse la vida “por la desesperación que me causó todo esto”.

La madre teme que con el alza de las pensiones en los Cetad privados, los tratamientos se vuelvan imposibles, los efectos de la adicción empeoren y hasta que los decesos aumenten.

Los estudios de mortalidad por uso y consumo de drogas en el 2015 señalan que en el país se suscitaron 8.693 fallecimientos relacionados con esta causa en Ecuador, una cantidad que representa el 13,42 % del total de decesos a escala nacional.

Ese peligro debería poner en alerta a la ciudadanía y autoridades, dado que dos de los tres cantones de la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) entran en el rango de prevalencia de consumo de cocaína y pasta base con un porcentaje de 3,2 % y 1,9 %, respectivamente.

Daniel M. de 17 años, está recuperándose en un Cetad privado, él era consumidor de H y cocaína: “Cuando yo me di cuenta que estaba mal, mis papás tuvieron que hacer un esfuerzo extra para que yo entre aquí, no se diga si suben los costos, capaz que ni llegaba”, sostiene.

La cifra total de centros privados, facilitada por ACESS, suman un total de 135, que en cálculos de atención superan notoriamente las cifras de rehabilitación que maneja el Ministerio de Salud Pública.

De esa cantidad, 26 son nuevos, siete tienen el licenciamiento en proceso, dos obtuvieron licencia condicionada, dos con licencia definitiva, uno no tiene licencia, cuatro tienen vigente el permiso que se daba antes con duración de un año, 77 no tienen permiso o licencia, a 13 se les hizo operativos y 6 han sido clausurados.

Los centros públicos

Hay tres y priorizan la atención ambulatoria

Aunque para los padres y la comunidad en general sería oportuno que existieran más centros de rehabilitación públicos que permitan internar al usuario, en la zonal 8, que incluye a Guayaquil, Durán y Samborondón, existen solo tres, además de otros dos establecimientos privados a los que derivan a sus pacientes (los únicos con licenciamiento definitivo).

Para Salud, precisa Luis Guerrero, analista zonal de salud mental, ese número es suficiente o al menos el que les abastece. Del 100 % de usuarios, el 95 % requiere de tratamiento ambulatorio básico o intensivo (que incluye ayuda psicológica y psiquiátrica), y solo el 5 % necesita ser internado, explica. “Muchas veces la preocupación de los padres los lleva a pensar que todos deben internarse, cuando no es así”.

Quienes son atendidos en el servicio ambulatorio básico, que son el 80 % de sus pacientes, reciben terapia psicológica, de grupo y familiar, lo que ayudará a que el consumidor se sostenga. “Por ser la drogadicción una enfermedad y no un delito, no podemos tener al paciente encerrado contra su voluntad”.

Y es para eso, precisamente, que sirve esta primera fase, donde se trabaja ya en la voluntariedad. “Si hay síndrome de abstinencia o no ha sido de ayuda el segundo servicio, que es el intensivo, entonces entrará a residencia”. Pero para hacerlo, hace hincapié Guerrero, el paciente debe quererlo, puesto que si no está consciente del cambio que necesita, de nada servirá el proceso: “de allí que nos enfocamos en las etapas”.

El tratamiento

Varía según el paciente y el tipo de consumo

Para decidir qué tipo de tratamiento recibirá el paciente, en los entes públicos y privados se procede igual: se realiza un diagnóstico para evidenciar el tiempo y tipo de consumo, además de una desintoxicación. Y luego, por el tiempo que dure el procedimiento (cualquiera que sea), se realiza un seguimiento estrecho de la desintoxicación y rehabilitación del individuo; y paralelamente se trabaja con la familia y hasta con la iglesia y las escuelas que forman parte de su entorno.

Según los expertos, sobre todo del sector privado, lo que diferencia a un centro del otro es el tipo de metodología que utilizan para sacar adelante al consumidor. Julieta Sagnay, psiquiatra, considera que se debe revisar el tema de voluntariedad, que establece la Ley ante la rehabilitación, especialmente en menores de edad. “A las personas que tienen problemas con las drogas se les afecta el lóbulo frontal, donde se aloja la voluntad, entonces es obvio que ellos no van a rehabilitarse por sí solos. Este es un punto pendiente, a debatir”.

Respecto al hecho de convertir al hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela en un centro de rehabilitación para adictos, que fue la propuesta del MSP hace poco, los especialistas del sector público y privado están en total acuerdo.

Caril Briones, médico, hace un llamado al Cabildo para que se inmiscuya en el tema. “Con los presupuestos que se destina a los municipios, ellos pueden hacer alianzas estratégicas con los centros de rehabilitación, y aportar”.

Los requisitos

Exigencias. Entre los aspectos que deben cumplir están los siguientes:

Infraestructura física

Área administrativa, área de consulta externa, internación/residencia, apoyo terapéutico, servicios internos de apoyo, instalaciones generales (cableado, tuberías, pararrayos, etc.)

Equipamiento

Máquinas, instrumental y mobiliario de uso sanitario.

Talento Humano

Personal técnico en salud y asistencial, administrativo y auxiliar.

Documentación

Razón social, representante legal, índice de licenciamiento, RUC, nombre y firma de la Autoridad Sanitaria competente, entre otros.