El tercer juicio para el exsecretario de la Senain, Pablo Romero, y otros, debía instalarse este martes 25 de mayo en la Corte Nacional de Justicia. Era el cuarto intento.

Romero fue llamado a juicio por posible peculado hace casi un año y medio. Desde el 2 de septiembre de 2020 se han fijado, sin éxito, tres fechas para su juzgamiento. El exfuncionario ya fue condenado a nueve años por el secuestro del activista político Fernando Balda y recibió cuatro meses por ingreso de artículos prohibidos a la cárcel.

Ayer, minutos antes de que los miembros del tribunal Mercedes Caicedo (reemplaza a Marco Rodríguez que está de vacaciones), Byron Guillén y Daniella Camacho, instalen la diligencia conocieron que uno de sus miembros fue recusado para que se aparte del proceso.

Juan Carlos Perea es uno de los abogados de Romero. Explica que Carlos Alvear, otro de los defensores, recusó a la jueza Camacho porque cree que su actuación en el caso del secuestro del político Fernando Balda rompe la imparcialidad por no haber aceptado la exclusión de pruebas, por no dar la nulidad solicitada y por validar los hechos de un caso prescrito. Alvear se integró ayer a la defensa.

Por esas motivaciones creen que la actuación de la jueza en el caso Balda constituye actos de enemistad para con Romero. Lo que busca la defensa es que otro juez paralelo revise las actuaciones y con ello se alivien las desesperaciones de Pablo de no creer que se aplicará la justicia, dice Perea.

Los jueces estudiaron el pedido. Y, aunque señalaron que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el artículo 25 dice que mientras se resuelve la recusación no se suspende la diligencia, sin embargo destacaron que, al ser una diligencia larga y para evitar que en la audiencia se suspenda, en caso de que uno de los miembros del tribunal sea recusado, se ha decidido no instalar la audiencia.

El tribunal observó que la audiencia de juicio no se ha realizado en varias ocasiones y que la defensa presentó recién este martes la recusación cuando desde hace algún tiempo se conocía su integración. La defensa fue advertida que no se permitirán más dilaciones.

Cerca de un centenar de testigos y peritos habían sido convocados al juicio. Entre otros el excontralor Carlos Pólit, el contralor detenido Pablo Celi, el exfiscal Galo Chiriboga, el exministro de Seguridad César Navas, exjueces y exfuncionarios de la desaparecida Senain. A Celi se le pidió que entregue informe juramentado al director de la cárcel 4 de Quito, lugar en el que se encuentra detenido.

¿Cuál es la acusación? Se señala a Romero y otros investigados por un aparente uso inadecuado de fondos públicos pertenecientes a Gastos Especiales de la extinta Senain para ejecutar la operación ‘Caminito’.

La acción se planificó para obtener información sobre un presunto grupo de hackers que habría accedido a datos de entidades estatales, además de claves de correos de altos funcionarios del Estado, durante el gobierno de Rafael Correa.

Para contrarrestar esa amenaza se hicieron pagos de entre 10.000 y 60.000 dólares a un informante apodado el Ruso. Su pago no habría sido debidamente justificado y la existencia del Ruso no pudo verificar la Fiscalía. Tampoco se presentó el producto final requerido.

Por ese hecho, para el Estado habría un perjuicio de más de 100.000 dólares. La Fiscalía acusó a Romero, Cecilia Santillán, Wálter Olalla, Jorge Garzón y Juan de Dios Lozano (coordinador de Gastos Especiales). Un informe de Contraloría permite establecer indicios de responsabilidad penal que se derivan de la inobservancia de los procedimientos previstos en la Ley de Seguridad Pública y del Estado. El posible delito se registró a mediados de 2013.

Regreso

Romero fue extraditado de España

El extitular de la Secretaría de Inteligencia (Senain) durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, llegó a Ecuador desde Madrid, España, el 21 de febrero de 2020, minutos antes de las 17:00.

Fue extraditado. En el Ecuador le esperaban al menos dos juicios. Pero, por el que se concedió la extradición fuer por el intento de secuestro del activista político Fernando Balda, ocurrido en Colombia en 2012.

Él fue llamado a juicio junto con el expresidente y dos exagentes de Inteligencia de la Policía que fueron sentenciados y cumplieron sus condenas. Romero fue investigado además por un celular que se encontró en su celda de la cárcel.

El detalle

Defensa. Fausto Jarrín dejó la defensa de Romero tras haber sido designado asambleísta por UNES.