Proyecto listo. La Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IESS recibió luz verde, por parte del Consejo Nacional Electoral, para iniciar el proceso para presentar un proyecto que reforme la Ley de Seguridad Social y la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del país, sin que este pase meses (o incluso años) estancado en el Poder Legislativo.

El proyecto contempla varios cambios y tiene como objetivo fundamental modificar la composición del Consejo Directivo del IESS, así como el procedimiento de integración del directorio del Biess, a fin de que los afiliados y jubilados del seguro social obligatorio tengan una mayor representación en estos órganos de gobierno, explica a este Diario el representante de los jubilados, Henry Llanes.

En la actualidad el Consejo Directivo del IESS está conformado por tres vocales: un representante del Ejecutivo, un representante de los trabajadores y otro de los empleadores. El representante del Ejecutivo es designado de manera directa por el presidente de la República. Mientras que los de los trabajadores y empleadores son elegidos a través de un colegio electoral, donde solo participan los agremiados y no todos los afiliados.

Aquello, según los jubilados, debe cambiarse y realizarse la designación a través de un proceso de elección directa. Es decir, mediante padrón electoral y sufragio, en el que participen como electores todos los asegurados (activos y pasivos) y empleadores del seguro social obligatorio.

“Además queremos que el Consejo ya no tenga tres miembros solamente. Buscamos que tenga dos representantes de los afiliados activos, uno de los jubilados, uno de los empleadores y uno del Ministerio de Trabajo”, comenta Llanes.

Así también, el proyecto borrador contiene que los miembros del Directorio del Banco del IESS serán seleccionados por el Consejo Directivo del IESS. En la actualidad aquella potestad la tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Del mismo modo, se buscará a través de una disposición transitoria que se haga un recálculo de la pensión jubilar de las personas que se jubilaron con la Resolución C. D. N.º 554 del 4 de agosto de 2017, con un cálculo que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

¿Por qué hacerlo por iniciativa popular normativa? Porque es la vía “más efectiva” para que se haga ley. De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana, el proyecto pasaría a ser ley inmediatamente si los proponentes cumplen con todos los requisitos establecidos, estos son: el 0,25 % de firmas de respaldo del padrón electoral, una propuesta adecuadamente redactada, la admisibilidad de la Asamblea Nacional o de la Corte Constitucional en caso requerido, entre otros, y que el Legislativo no la tramite en 180 días desde que son notificados.

Al asambleísta Eckenner Recalde, miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, no le sorprende que los jubilados tomen esa vía debido a la crisis política que vive la actual Asamblea. “No han venido a la comisión, pero sí a mi despacho, donde estamos analizando, conversando y haciendo una planificación estratégica para que este planteamiento de ellos tenga el sustento debido”, manifestó el legislador.

En casi un año de gestión de la comisión, no se han abordado proyectos de ley con temas relacionados a lo que proponen los jubilados.

Las últimas reformas a la Ley de Seguridad Social que se tratan en la Asamblea, y que pasaron por un primer debate, están encaminadas a garantizar el acceso a la seguridad social y salud de los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y de los habitantes rurales que laboran en el campo.