La reapertura de las escuelas rurales divide a educadores
Unos aplauden la medida porque los planteles estarán más cerca de los estudiantes. Otros la ven como un retroceso que precarizará la educación.
La reapertura de las escuelas rurales, que fueron cerradas en el gobierno anterior, llena de satisfacción a quienes consideran esta decisión una necesidad, ante las dificultades que provocaron a los estudiantes el cierre de esos centros. Pero también genera cuestionamientos de aquellos que aseguran que el sistema educativo tendrá un retroceso.
El régimen pasado cerró cerca de 7.000 planteles rurales con el fin de que los niños acudieran a centros tipo escuelas del milenio; pero no tomó en cuenta los factores que dificultaron el acceso a estos establecimientos, como las largas distancias y la falta de transporte.
El Gobierno actual tiene previsto reabrir 1.000 planteles en este año, con una inversión de 70 millones de dólares y 1.000 más en el año 2020.
Anunziatta Valdez, del Contrato Social por la Educación, dice que las escuelas rurales deben ser abiertas, pero no en las mismas condiciones en las que trabajaban antes de ser cerradas. “No deben ser unidocentes y deben tener nuevos parámetros en sus infraestructuras y calidad educativa”.
Sostiene que abrir estos planteles de ninguna manera significa retroceder, sino complementar. “Los más beneficiados serán los niños que estaban fuera del sistema educativo por no poder acceder a las escuelas del milenio, por la lejanía en que se encuentran estas de sus recintos y por la falta de transporte”, agrega.
Para Abelardo García, educador guayaquileño, la reapertura es bienvenida si por escuela comunitaria se entiende las pluridocentes que se cerraron arbitrariamente. Pero, aclara, si se está pensando en las escuelas unidocentes, donde un solo profesor se debate para atender siete grados y a niños de distintas edades, habría que tomárselo con calma e ir analizando la conveniencia de cuál de ellas reabrir y dónde hacerlo. “Volver a la unidocencia no es una alternativa válida, sino una solución a medias”.
En cambio, Augusto Espinosa, exministro de Educación del gobierno anterior y actual miembro de la Comisión de Educación de la Asamblea, señala que reabrir las escuelas rurales es una decisión tomada sin un estudio técnico y que lastimosamente va a afectar a los niños que accedían a educación de calidad.
“Se incrementarán los costos por estudiantes de todo el sistema; se necesitarán más docentes, más recursos para mantenimiento y equipamiento”, señala Espinosa, al explicar que si se incrementan los costos por estudiantes y no existe la suficiente asignación presupuestaria, se transitará hacia la precaridad educativa.
Cree que caerán las tasas de matrículas en bachillerato porque se está dejando de invertir en la infraestructura necesaria para recibir a una creciente población que está terminando la educación básica.
Mariana Vallejo, quien trabajó durante diez años en una escuela rural del cantón Colimes, también piensa que abrir estos planteles sería retroceder. “No tenía ni lo más elemental para trabajar. Tenía que multiplicarme para atender a niños de diferentes niveles en una misma aula. Los estudiantes se distraían y eran pocos los que aprendían”, narra.
Actualmente, la mayoría de las escuelas cerradas continúan abandonadas y muchas de ellas se han convertido en bodegas, albergues de animales domésticos y guaridas de drogadictos, tal como informó EXPRESO en su edición del 11 de febrero.
El detalle
En la Costa se reabrirán 260 planteles que beneficiarán a 60.000 niños. Para ello se requerirá una planta docente inicial de 1.500 educadores.
La cifra
55 por ciento de los 4’000.000 de alumnos del sistema público se educan en escuelas rurales.
